Pecar de optimismo en las previsiones presupuestarias, tal y como ha hecho el Gobierno desde el inicio de la crisis, afecta, y mucho, al bolsillo del contribuyente. El Ministerio de Economía acaba de revisar por undécima vez en esta legislatura el cuadro macroeconómico que sirve de base para elaborar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Sin embargo, lejos de corregir sus engañosas cuentas, mantiene intacta su estimación de crecimiento para 2011 (1,3%) y tan sólo la rebaja en dos décimas para 2012, hasta el 2,3%, superando así las expectativas de la mayoría de analistas, incluidas las del propio Banco de España (0,8% y 1,5%, respectivamente).
Para empezar, cabe recordar que adivinar el futuro a golpe de previsiones de este tipo es un imposible al que, por desgracia, la mayoría de economistas dedican inútilmente grandes esfuerzos. Sin embargo, los presupuestos funcionan así, a priori, de ahí la importancia de elaborar estimaciones realistas e, incluso, a la baja, sobre todo en períodos de crisis, para no incurrir en desviaciones. Dicho esto, el problema radica en el amor incondicional que profesan los socialistas hacia la figura estatal. Y venerar al Estado conlleva legitimar, siempre y en todo lugar, el aumento del gasto público. Prueba de ello es la política puramente keynesiana aplicada por el Gobierno hasta 2010, hasta el punto de llegar a gastar casi el doble de lo que ingresaba por vía fiscal.
Y puesto que los PGE anteriores, al igual que el vigente, se construyeron sobre previsiones económicas optimistas y, por tanto, estimaciones de ingresos del todo infladas, el sector público ha terminado incurriendo en niveles de déficit históricos muy próximos aún al 10% del PIB. Más déficit, implica más deuda, y ésta más intereses. Y si a este cuadro se le suma una economía en stand by debido a su excesiva rigidez y gran endeudamiento privado, lo raro es que no estalle una crisis de deuda pública como la actual. Ante tal panorama, resulta primordial contar con unos PGE realistas para cumplir así con la reducción del déficit marcado por Bruselas.
Y es que, toda desviación en este campo tendrá que ser, obligatoriamente, corregida. Esto es, precisamente, lo que acaba de advertir el Banco de España al Gobierno: las previsiones de los PGE no se sostienen y el déficit, muy posiblemente, será superior al estimado, con lo que será necesario aplicar nuevos ajustes. ¿Y en qué consistirán? Quizá en reducir algo más el gasto público, pero dado que el Gobierno, firme defensor del Estado, es muy reticente a este tipo de recortes, un nuevo ajuste significará en todo caso más subidas de impuestos, que se vendrían a sumar a las ya aprobadas.
El error presupuestario de Salgado implicará entonces un nuevo castigo para el contribuyente medio, obligado por ley a pagar los desmanes de su clase política. Así pues... ¡marchando otra ronda de aumentos fiscales! ¿Qué tocará ahora? Grecia, inmerso en un constante plan de ajuste desde hace más de un año, subirá el IVA y algunas otras tasas. Veremos qué nos depara Salgado esta vez.