El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero dilapida casi ocho mil millones de euros cada año para las llamadas "políticas activas de empleo", que si bien hasta la fecha no han conseguido crear puestos de trabajo de forma perceptible –sólo hay que echar un vistazo a las sonrojantes cifras del paro-, a cambio sirven para financiar a los llamados "agentes sociales más representativos" y de paso callarles la boca.
Pero no sólo sindicatos y patronal tienen el privilegio de aligerar nuestro bolsillo a cambio de subvencionar cursos y "actuaciones" con escaso control, sino también las comunidades autónomas, que hoy reciben a través del boletín oficial del estado más de tres mil millones de euros para sostener el entramado burocrático de sus respectivos servicios de empleo y formación, lo que antes de que el estado transfiriera esta competencia se conocía como "INEM".
Aclaremos antes de continuar que ni un solo euro de estos tres mil millones va a destinarse a pagar las prestaciones del desempleo, abono que realiza directamente el gobierno central y que, por tanto, se tramita con cargo a otra partida presupuestaria. Este dineral que hoy reparte el gran Valeriano Gómez, 3.066 millones de euros para ser precisos, es el que el gobierno nos ha quitado previamente a todos los españoles sólo para que las comunidades autónomas repartan subvenciones para cursos, arreglen y mejoren las condiciones de los locales de los funcionarios del ramo, paguen a los expertos en "itinerarios de empleo" (sic), promocionen la economía social y satisfagan las prejubilaciones del sistema público de seguridad social, esperemos que no al estilo del PSOE andaluz.
Y como ni siquiera los socialistas más voluntariosos son capaces de mostrar un solo efecto positivo de la ingente aplicación de fondos públicos a estas "políticas activas de empleo", la solución del gobierno es doblar la dosis de la medicina, de tal forma que, a partir de este año, mil quinientos nuevos "orientadores" van a comenzar a prestar sus servicios por las oficinas del paro de nuestra querida piel de toro. La creación de estos mil quinientos puestos de trabajo, los únicos que Zapatero puede exhibir hasta el momento, nos va a costar a todos los españoles algo más de cincuenta millones de euros sólo en nóminas tal y como se detalla en la orden del ministerio de Valeriano que hoy publica también el BOE.
Si los quinientos mil parados que ya no reciben prestación alguna conocieran estos datos podrían hacer una operación tan sencilla como peligrosa, porque ¿Saben a cómo tocaría cada uno si en lugar de dar ese dinero a políticos, sindicatos y patronal se ingresara directamente en las cuentas bancarias de estas víctimas del zapaterismo? Pues a 6.132 euros por cabeza; más de lo que supone anualmente el subsidio de 400 euros que con tanta alharaca promocionó el gobierno en su día. Y no es demagogia. Sólo matemáticas.