La crisis económica y la fractura del mercado laboral español que ya roza los 5 millones de parados y sigue instalado en una tasa de desempleo superior al 20% está dejando negro sobre blanco el papel de las centrales sindicales en nuestro país.

Consideradas por muchos organizaciones anacrónicas propias de otra época, están aprovechando la crisis y el drama del desempleo para enriquecerse. No sólo son las beneficiarias de cuantiosas subvenciones que llegan, en buena parte, a través de los cursos de formación de los "itinerarios activos de empleo" del Ministerio de Trabajo, obligatorios para aquellos que quieran cobrar la ayuda para parados sin prestación. También se lucran del coste del despido en cada Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

Así lo publica este viernes El Economista, quien titula: "UGT y CCOO se embolsan hasta un 10% del coste por despido en cada ERE".

La información a la que ha tenido acceso este diario destapa el mecanismo que ambas centrales sindicales emplean en cada Expediente de Regulación de Empleo y en los últimos años ha habido mucho. Concretamente, según cifras oficiales entre 2008 y 2010 el número de trabajadores afectados por un ERE sobrepasó ligeramente el millón de personas y el número de expedientes llevados a efecto alcanzó los 42.858.

Las centrales sindicales detraen de las indemnizaciones por despido que reciben estos trabajadores entre un 5 y un 10% en concepto de asesoría, "como cualquier bufete de abogados", se defiende en las páginas de este diario Antonio García, responsable de los servicios jurídicos de CCOO. En cambio, según varios despachos de abogados, el problema es mayor porque "existe un problema de competencia. Al margen de la representatividad que tengan, pactan las facturas para cobrar lo mismo. Es un comportamiento irregular, con una alta absoluta de transparencia".

En resumen y según los cálculos de este diario, los sindicatos obtienen por cada "ERE de tamaño medio, al menos, entre los 100.000 y los 300.000 euros". Además ponen un ejemplo, el de Fibracolor, una empresa participada por la generalidad de Cataluña, que pagó 1.000 euros por trabajador, lo que permitió a los sindicatos embolsarse cerca de 280.000 euros en un conflicto laboral que acabó con el cierre de la empresa ahce tres años.

Si no efectúan el cobro por representatividad y asesoría jurídica en la negociación en la negociación, lo hacen mediante facturas que responsen a estudios o informes que nunca llegan a ver la luz, dice El Economista. Algunas empresas denuncian que estos informes suelen ser facturados por sociedades instrumentales, especialmente cuando, como suele ocurrir con las multinacionales, la dirección se niega a pagar a los sindicatos".