La mayoría de la población que reside en España mantiene desde hace décadas, por no decir generaciones, un ideario netamente socialista. Es decir, una ideología política que, más allá de las típicas siglas partidistas, defiende la figura paternalista del Estado, la redistribución de la riqueza mediante impuestos progresivos, el aumento del gasto, las pensiones públicas, una educación y sanidad estatalizadas, las rigideces del mercado laboral, las políticas de subvenciones y prestaciones públicas o la aspiración profesional de convertirse en funcionario, entre otras características típicas del Estado de Bienestar.

Y esto, por desgracia, sigue siendo así pese a la histórica victoria obtenida por el PP en las elecciones autonómicas y municipales del 22 de mayo. Las regiones y provincias españolas se han teñido del azul popular, pero, a poco que rasquen la superficie, el color ideológico subyacente sigue siendo el rojizo tenue, propio de una sociedad favorable al estatismo. Los factores que explican este fenómeno son múltiples y variados, y en muchos casos derivan de procesos históricos acontecidos décadas e, incluso, siglos atrás: el feudalismo del Antiguo Régimen, el caciquismo de la Restauración, el nepotismo y la burocracia de la era republicana, el movimiento marxista que a punto estuvo de alcanzar el poder o la autarquía económica del franquismo han ido conformando la fuerte y rígida estructura estatal que aún rige España.

Sin ir más lejos, muchos de los "derechos sociales" que defienden hoy PP y PSOE surgieron por obra y gracia del Generalísimo. Es el caso de la Seguridad Social, las viviendas públicas, los alquileres fijados por ley (rentas antiguas), la actual estructura sindical o la legislación que aún impera en el mercado de trabajo. Desde el fin de la Guerra Civil (1939) hasta el Plan Nacional de Estabilización (1959), España sobrevivió durante dos décadas bajo la etiqueta de "país en vías de desarrollo" gracias al yugo intervencionista y marcadamente estatista de una dictadura inspirada por la Falange. La relativa apertura económica llegó en los años 60, y con ella, el conocido "milagro" español. Desde entonces, sin duda, se han producido destacados cambios y avances, pero por desgracia España sigue siendo socialista.

Basta con observar la última encuesta sobre política fiscal elaborada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en 2010. Así, en general, la mayoría de los españoles valora satisfactoriamente los servicios públicos y justifica el pago de impuestos para su mantenimiento; de hecho, el 45% opina que el gasto público en sanidad, educación y servicios sociales debería incrementarse, incluso si eso significa que haya que subir los impuestos (sólo el 4,1% defiende lo contrario, menos gasto y menos impuestos); el 73% defiende que se incremente la fiscalidad a las rentas más altas; el 56% considera que el Estado debe esforzarse más en perseguir el fraude tributario; el 81% piensa que engañar a Hacienda es engañar al resto de los ciudadanos. Por último, un par curiosidades: casi el 79% de los encuestados estudió en un colegio público y el 18% trabaja en la Administración.

Con estos mimbres se explican muchas cosas, como el hecho de que el PP de Génova se escore a la izquierda para tratar de cosechar votos en eso que algunos llaman centro político, y que no es más que la típica socialdemocracia; o que la educación –de nivel medio o superior–, al estar mayoritariamente bajo el control del Estado, se haya convertido en una máquina muy eficiente para pulir a medida "ciudadanos" sumisos, dependientes y favorables al statu quo, es decir, al poder político. Sin ir más lejos, el movimiento 15-M de la Puerta del Sol, pese a que algunos lo tildan de antisistema, no deja de ser otro reflejo, aunque más evidente, del poso izquierdista que todo lo impregna en España. Y es que, estos jóvenes, acompañados de parados, hipotecados, pensionistas y algún que otro contribuyente bienintencionado, protestan contra el poder político sugiriendo como alternativa mucho más Estado y menos mercado con el ilusorio fin de cambiar las cosas... ¡A peor!

Es algo sintomático y, por ello, profundamente preocupante. El histórico vuelco electoral padecido por el PSOE también se puede interpretar desde esta óptica. Así, salvo contadas excepciones como la de Aguirre en Madrid o Cascos en Asturias, las autonómicas y municipales del domingo no fueron un éxito del PP sino, más bien, un rotundo fracaso del PSOE. Los electores infligieron un brutal voto de castigo a Zapatero tras sus repetidas mentiras, engaños y fracasos en la gestión de la crisis, pero también debido a los recortes públicos aplicados a funcionarios y pensionistas. El PP apenas ganó 550.000 votos, mientras que el PSOE perdió casi millón y medio. Y en este punto, tan sólo cabe recordar que Rajoy se opuso firmemente a tales "rebajas sociales". Así pues, España sigue siendo un país de izquierdas tras el 22-M, sólo que gobernado por un partido de centro a nivel autonómico y local.