La previsible derrota del PSOE andaluz en las próximas elecciones a esa comunidad autónoma está forzando a los socialistas a realizar movimientos más que groseros en lo que respecta a su política de personal y de finanzas. Si hace sólo unas semanas consumaron el enchufe en los órganos administrativos autonómicos de 30.000 contratados a dedo, hoy el ejecutivo de Griñán decide aumentar en 844 millones de euros la deuda pública que la Junta de Andalucía mantiene con los mercados, lo que elevará el dinero pedido prestado en el último año a casi 4.000 millones de euros.
La Ley de Presupuestos Generales de Junta de Andalucía para 2010 estableció, en efecto, que el endeudamiento de la comunidad autónoma no podía exceder en más de 4.000 millones la deuda viva existente al 1 de enero de 2010. Consultado el boletín estadístico del Banco de España, Andalucía mantenía un saldo de 9.800 millones de euros en esa fecha, por lo que el máximo permitido para endeudarse en el siguiente año quedó fijado en 13.800 millones de euros.
La Junta de Andalucía lleva a estas alturas de 2011 emitida deuda pública por valor de 3.068 millones de euros, pero esta increíble cantidad no basta para la capacidad de gasto de Griñán y su ejecutivo, especialmente en un año en el que tienen que tirar la casa por la ventana para captar el mayor número de votos posible de cara a las elecciones de la próxima primavera.
Por este motivo, la Junta de Andalucía publica este lunes en su boletín oficial la autorización para que la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública (sic) emita obligaciones y bonos hasta un máximo de 844 millones de euros, lo que situará el total de la deuda pública andaluza emitida en el último año en 3.913 millones, muy cerca del límite oficial fijado en los 4.000 millones antes citados.
Lejos de reducir el monstruoso gasto autonómico ajustándolo a los ingresos de forma que no resulte necesario pedir dinero prestado para enjugar el déficit, Griñán ha decidido huir hacia delante emitiendo en tan sólo un solo año la mitad de toda la deuda pública lanzada por la Junta de Andalucía desde 1995.
Las condiciones para la emisión de estos bonos "patrióticos" quedan en el aire en función de las condiciones que en cada momento presenten los mercados financieros, tanto en lo que respecta al tipo de interés como en la duración del préstamo. Eso sí, en un gesto de "generosidad" que sus paisanos podrán agradecerle, Griñán ha decidido que el plazo de amortización de estos bonos no exceda de 30 años, de forma que, con un poco de suerte, los niños andaluces que nazcan este año sólo tendrán que pagar una pequeña parte de este auténtico despilfarro intergeneracional.