Cuatro meses tirados a la basura, cuatro meses perdidos en la lucha contra el paro. Cuando tanto los expertos como el resto de gobiernos de la UE exigían a Zapatero una reforma urgente de los convenios colectivos, el irresponsable decidió que la nueva legislación se la escribirían los agentes sociales. Como en otras ocasiones, los dejó negociar sin poner antes una propuesta sobre la mesa. Y como en otras ocasiones, las negociaciones han fracasado.
Los socialistas de todos los partidos llevan años llamando "derechos sociales" a lo que no es sino la más regresiva legislación laboral de Europa y una de las peores del mundo: el Banco Mundial nos situó en 2010 en el puesto 157 de las 183 economías estudiadas en ese apartado. El resultado es un paro extraordinariamente alto, dificultades para los emprendedores, grandes bolsas de economía sumergida y unos trabajadores que incluso en el periodo de bonanza eran los que más miedo tenían a perder sus empleos de toda la OCDE.
El resultado es que aún conservamos la arquitectura laboral heredada del franquismo, y necesitamos crecer mucho más que otros países para poder crear empleo. Y aunque se publicite más el coste del despido, quizá porque es una cifra y resulta más sencillo de entender por parte de la opinión pública, el mayor problema de nuestra legislación son los convenios colectivos. Unos corsés que obligan a empresas muy diferentes y de muy distintos tamaños a gestionar su personal del mismo modo, sin la flexibilidad necesaria para sobrevivir en el mercado, especialmente en época de crisis.
Los puntos a discutir en las negociaciones que ahora han roto patronal y sindicatos eran principalmente dos: la posibilidad de que las compañías se descuelguen del convenio de acuerdo con su comité de empresa y la extinción de los convenios cuando expire su plazo de vigencia. El primero permitiría a las empresas, especialmente a las más pequeñas, funcionar a su modo sin que intervenga ese sindicato vertical subvencionado que forman CEOE, CCOO y UGT. El segundo, rebajar la posición de poder que han tenido hasta la fecha los sindicatos en los convenios; actualmente no tienen incentivo para sentarse a negociar si no hay mejoras sobre la mesa.
Firmar una reducción tal de sus privilegios legales era un sacrificio demasiado alto para UGT y CCOO, que no iban a aceptar por muy mal que nos vaya a los españoles. Algo que debería haber sabido un Gobierno que tiene a un sindicalista de ministro de Trabajo. Pero parece que Zapatero no quiere tomar unas medidas necesarias pero contrarias al discurso demagógico con el que lleva dirigiendo el país siete años. Con él al frente, poco cabe esperar de la reforma que anuncie el 10 de junio. Será otra decepción y otro clavo más en la tumba de la economía española, a no ser que se la escriba la propia Merkel en persona.