Por una vez, y sin que sirva de precedente, Moody’s acaba de dar en el clavo al denunciar que Cataluña desafía al Gobierno con sus presupuestos para 2011 ya que su déficit público va a superar en 2.700 millones de euros la cantidad acordada con el Estado en el ámbito del Consejo de Política Fiscal. En lo que se equivoca la agencia de calificación es en decir que el Gobierno central carece de instrumentos para disciplinar a las autonomías y obligarlas a cumplir los acuerdos en materia de déficit. Instrumentos tiene. De lo que carece el Ejecutivo de Zapatero es de voluntad política para emplearlos con Cataluña, teniendo en cuenta que lo que prima en estos momentos para el tándem Zapatero-Rubalcaba no es la gestión de la crisis, sino que el primero pueda agotar cómodamente la legislatura y que el segundo pueda evitar, a cualquier precio, que el PP pueda llegar a gobernar después de las próximas elecciones generales. Y ambos están dispuestos a inmolar al resto de España en el altar de sacrificios catalán con tal de salirse con la suya.
El Gobierno de la Generalitat sabe que los socialistas se encuentran en una situación precaria y tratan de sacar el máximo partido de ella. Saben que el PSOE necesita los votos de CiU para sacar adelante los presupuestos en el Senado, como saben también que después van a precisar el apoyo de los parlamentarios ‘convergentes’ para formar Gobierno, si el PP no consigue una mayoría suficiente para gobernar a partir de 2012, y ya están pasando la onerosa factura que cabría esperar de ellos. CiU no quiere acometer los recortes presupuestarios que impone la crisis fiscal española porque sabe que Zapatero y Rubalcaba están dispuestos a seguir financiando sus desmanes fiscales a cambio de sus votos. En un acto de deslealtad institucional: a ellos les importa un bledo lo de la necesidad de recortar el gasto público y lo de que Cataluña tiene que poner su granito de arena como las demás autonomías. No, ellos quieren seguir a lo suyo, sin renunciar prácticamente a nada, sobre todo al gasto público relacionado con sus proyectos separatistas. Esa es la razón del desafío presupuestario que han planteado al Estado.
El Gobierno central tendría muy fácil meterles en cintura. Bastaría con no autorizarles la emisión de más deuda pública para forzarles a ajustar sus cuentas, porque lo de los bonos patrióticos ha servido una vez, pero no vale una segunda. Incluso, puestos a ello, el Estado puede retenerles transferencias. Sin embargo, todo ello requiere que exista la voluntad política de acabar con los desmanes presupuestarios catalanes, cosa que no ocurre en estos momentos. Rubalcaba quiere a CiU como socia en una nueva versión del Frente Popular, esta vez contra el PP, y está dispuesto a pagar el precio que le pidan por ello en forma de más y más recursos para Cataluña... quitándoselos al resto de España. Ese es su sentido del Estado. No lo olvidemos de cara a las próximas generales.