José Antonio Griñán anunció este miércoles en el Debate del Estado de Andalucía una regularización de las viviendas ilegales en la Comunidad, tal y como avanzó Libre Mercado, pero niega precisamente que se trate de una "amnistía". Este concepto jurídico político que consiste precisamente en el perdón decretado por el gobierno para ciertos delitos, particularmente políticos, pero no exclusivamente políticos. Recuérdese la expresión "amnistía fiscal".
El propio Diario de Cádiz subraya hoy que la medida constituye "un antes y un después en la política de disciplina urbanística", porque aunque seguirán los controles, posiblemente esto será interpretado como una señal de relajación para aquellos que construyen fuera de la norma. Es más, añade que la medida supone una enmienda a la totalidad a políticas anteriores de la Junta.
Al parecer, el decreto de regularización de viviendas únicamente dejará fuera de la ley aquellas casas construidas en suelos protegidos y en zonas inundables. Según los cálculos de la Junta, en la comunidad hay unas 300.000 viviendas irregulares, aunque Izquierda Unida las eleva hasta una cifra cercana a las 400.000.
Todos ellos se verán beneficiados por el "perdón" de la Junta mientras los millones de propietarios de viviendas que han construido sus casas conforme a la legalidad se preguntarán por qué es más rentable ser "ilegal" que legal, y por qué los que han cumplido y han pagado tasas e impuestos, e incluso soportado a veces calvarios administrativos para hacerse una vivienda, deben soportar ahora que quienes no han sufrido y han quebrantado la ley se beneficien ahora de un perdón ininteligible, salvo por razones electorales (300.000 afectados son muchos votos).
Sigue diciendo el grupo Joly que Griñán afirmó que construir hoy viviendas ilegales en la comunidad "es prácticamente imposible" y no "van a bajar la guardia" en este sentido. Pero su Gobierno va a aprobar este decreto de regularización. "No se trata -explicó el presidente- de una amnistía general; será una regularización que dará respuestas a los ayuntamientos a través del planeamiento urbanístico en unos casos o mediante expediente iniciados a solicitud de cada propietario, en otros".
¿Y qué van a hacer los fiscales andaluces de medio ambiente, que ya estaban solicitando penas para los cargos públicos -en especial, alcaldes- que habían permitido o autorizado la construcción de viviendas en suelos rústicos y no urbanizables, incluso con independencia de si eran terrenos protegidos o no, y además instaban a la demolición del inmueble como único modo de restaurar el bien protegido? Pues ya se verá, porque muchas de estas viviendas denunciadas se regularizarán y ya se ha hecho en la comarca de la Axarquía o en municipios como Marbella o Chiclana.
Breve historia de una amnistía
Hay muchas zonas de Andalucía en las que durante la etapa socialista de gobierno, desde 1982, se ha construido sin licencia y sin previsión de servicios por parte de los ciudadanos. La Junta de Andalucía, con los sucesivos gobiernos socialistas de fondo, responsable de haber consentido la construcción de más de 300.000 casas irregulares, se propuso hace meses ser "generosa" con ellas. Se trataba de regularizar cuando sea posible -antes de las elecciones andaluzas parece un buen momento-, y prometía no permitir que se levante ni un inmueble más sin control.
Pero, ¿y la ley?, ¿y las normas? Los que respetaron las leyes y no construyeron, ¿verán sin protestar cómo quienes no las cumplieron salen beneficiados por sus irregularidades? ¿Qué harán las Fiscalías? ¿Borrón y cuenta nueva?.
La maniobra se contempla en el nuevo Reglamento de Disciplina Urbanística, donde se dice que hay que "proporcionar soluciones útiles en la práctica y afrontar la regulación de problemas con un tratamiento generoso". La voluntad de regularizar lo que ya ha sido construido, siempre con la condición de que los propietarios paguen las cargas oportunas, está aparejada en la normativa a un control férreo de las nuevas infracciones. Es el intento de hacer borrón y cuenta nueva.
Pues, al parecer, esta postura consiguió el acuerdo de alcaldes, académicos, arquitectos y expertos en una jornada técnica sobre la Regularización Urbanística en Andalucía, organizada en el Ayuntamiento de Chiclana. "Estamos en política para atender a la ciudadanía, no podemos dar la espalda a la realidad", asumió el alcalde chiclanero, José María Román (PSOE), ante un aforo de 200 profesionales en el Meliá Sancti Petri. El escenario era idóneo: Chiclana estaba inmersa en un proceso pionero para regularizar más de 10.500 casas fuera de control, de la mayoría de las cuales ha sido responsable el equipo socialista de gobierno.
Eso sí, ahora se amenazaba con el "derribo exprés" -en un mes de plazo-, medida destacada del Reglamento aprobado en marzo de 2010, si alguien construyese irregularmente.
Pero como hay 300.000 viviendas irregulares en Andalucía, la solución ya no es derribarlas sino integrarlas en las poblaciones, siempre que sea posible -que no se encuentre, por ejemplo, en espacios de interés o protegidos- y previo pago de las cargas oportunas -aunque con "flexibilidad" en el abono-.
"La regularización no va a ser una amnistía urbanística", sentenció el delegado de Obras Públicas en la provincia, Pablo Lorenzo. Para alcanzar este objetivo, la Junta promueve la aplicación de los planes municipales de inspección, otras de las herramientas más importantes del nuevo reglamento. Treinta años después de llegar al gobierno, el PSOE, tras infinitas denuncias, se propuso en 2010 elaborar un "inventario" de construcciones en suelo no urbanizable.
El PSOE se ha esforzado en explicar con poco éxito que "el que Andalucía disponga de un nuevo Reglamento de Disciplina no quiere decir que antes no hubiera una normativa. Si, pese a todo, se han construido 300.000 viviendas ilegales, ¿ qué o quién ha fallado?
Lo que sí se ha entendido es que la máxima "construye como sea, que algo queda" es absolutamente cierta. Esto es, incumple, que te beneficiarás. Firmado, José Antonio Griñán, ayer, en el Debate del Estado de la Comunidad de Andalucía.