Haría bien el Partido Popular en tomarse muy en serio su compromiso de eliminar las trabas burocráticas para la creación de empresas, pero con independencia de que estas sean pequeñas, medianas o grandes. Lo digo, en esta ocasión, por la escandalosa denuncia que el consejero delegado de Ikea, Mikael Olson, acaba de hacer en el The Wall Street Journal, según la cual la regulación española le está retrasando la apertura en nuestro país de diez nuevas superficies que vendrían a generar unos 20.000 puestos de trabajo y a atraer miles de millones en nuevas inversiones.
En Alicante, hace ya años que se viene anunciando la apertura de un Ikea; pero cuando no es la administración municipal, es la autonómica la que pone pegas, sin olvidar a Fomento, que últimamente ha vuelto a bloquear el proyecto aduciendo falta de planificación de las infraestructuras viarias que evite colapsos en los accesos a la futura zona comercial en la que se va a instalar. Las distintas administraciones se culpan unas a otras, el tiempo pasa y la casa sin barrer o, para el caso, sin amueblar.
Es evidente que la apertura de una gran superficie comercial plantea cuestiones de índole urbanística y viaria que no conlleva la apertura de una pyme. Pero no deja de ser demencial que los permisos y trámites administrativos demoren un proyecto de estas características una media de cinco años. A la lentitud propia del sistema funcional con el que estas grandes empresas se ven forzadas a lidiar se suma el prejuicio y, sobre todo, el interés de ciertas asociaciones de comerciantes que ven en la apertura de estos grandes centros una amenaza para el pequeño comercio. Se trata de ese extendido prejuicio del Small is beautiful, según el cual el comercio grande se come al pequeño con lo que se generaría una destrucción neta de empleo. La experiencia ha demostrado, sin embargo, que la apertura de grandes centros comerciales no conlleva la destrucción del pequeño comercio, sino nuevas posibilidades de negocio para pequeñas empresas más especializadas. Eso, sin olvidar que muchas barreras de entrada que se imponen a las grandes superficies son muchas veces privilegiadas barreras de protección para beneficio de los grandes centros comerciales que ya están en funcionamiento.
La estructura comercial de una ciudad la debería fijar la soberanía del consumidor, la libre competencia y no lo que priori dictamine la planificación central de una autoridad que, además de lenta, es consustancialmente ignorante respecto a las preferencias y circunstancias de los ciudadanos en su condición de consumidores. Cuanto más esté relacionada la apertura de un centro comercial, grande o pequeño, al libre ejercicio empresarial y al derecho de propiedad, y menos a la concesión de un permiso administrativo, menos riesgo habrá de que el regulador, además de retrasarse, se corrompa a la hora de concederlos.