En la mente de la izquierda cavernícola y retrógrada, esa que se quiere comer a los banqueros, cabe que exista una solución: prohibir los mercados, aunque no se sabe cómo redactar el decreto prohibitorio para que tenga eficacia.

No hay peor señal para los mercados que la sospecha de que el Gobierno y las autonomías llegan a una componenda para rebajar artificialmente la gravedad del problema del déficit. Como bien dice Cospedal: "Lo que no aguantan los mercados son las mentiras".

Las medidas oportunas pueden hacer que España esté boyante en tres años. No hemos de subestimar la economía de este país. Es la duodécima potencia mundial por Producto Interior Bruto. Tiene potencial.

Otra vez, pues, el nacionalismo económico, ese genuino padre de todas las desgracias identitarias que han asolado el continente a lo largo de los dos últimos siglos.

En todo esto sorprende el cinismo que manifiesta la UGT porque si los ayuntamientos andaluces están en quiebra, en buena medida se debe a que han inflado de forma desmesurada sus gastos.

Como en los tiempos del Caudillo, los problemas actuales de nuestra deuda soberana obedecen según el Gobierno a una conspiración extranjera seguramente urdida por la judería internacional.

La reforma seria de todo esto exige el que nos mantengamos en el área del euro. La alternativa sería un hundimiento de nuestra economía en medio de una colosal fuga de capitales, y una fuerte inflación obliga a medidas muy costosas.

Son éstos tiempos delicadísimos en los que, para no asustar a nadie, tenemos el deber patriótico de decir, como Rajoy, que España es "solvente". Al menos tanto como para seguir sin hacer amago de echar mano a la cartera, que eso es de pobres.

Echarle la culpa al mercado es como pretender responsabilizar a los ciudadanos de todo el mundo de lo que cada Gobierno ha hecho mal.

Un mundo globalizado exige solvencia en las instituciones financieras y límites claros al endeudamiento de los estados. Todos parecemos ser conscientes de esas limitaciones menos nuestros políticos.