Más allá de la disputa feroz por las últimas migajas del mantel entre Gobierno y comunidades autónomas, la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera ha estado marcada por un silencio estruendoso. Ése que comparten PP y PSOE a propósito de la evidencia que yace tras las muchas miserias contables que han salpicado la cita. A saber, que ha llegado el momento procesal en que ya resulta ineludible aplicar la cirugía presupuestaria al núcleo duro del Estado del bienestar. O, si se quiere hablar con algún rigor, del sucedáneo de Estado del bienestar que aquí pasa por tal. Un tabú transversal que responde por educación y sanidad públicas.
A propósito de la primera, el consejero catalán Mas-Colell acaba de plantear una cuestión nada baladí. Por qué los contribuyentes están obligados a pagar los estudios universitarios de su hija, ha preguntado al viento. ¿Y por qué –podría haber añadido– tras obtener la licenciatura, él deberá costearle un posgrado en algún centro privado, a ver si la chica aprende algo? Con respecto a la segunda, Marina Geli protagonizó el gesto más insólito de la política española en los últimos treinta años. Así, siendo consejera de Sanidad del Tipartito, Geli pidió perdón por su personal proceder. Y es que a la buena mujer se le había ocurrido proponer el copago de los servicios médicos con el argumento de que el sistema iba camino de la quiebra. Corría el año 2004.
Pretendía un objetivo modesto, cobrar un euro por consulta. Tuvo suerte: el presidente de la Generalidad, tras obligarla a un acto de pública constricción, no la cesó. E pur si mouve. Pues, como ningún estudiante de primero de económicas ignora, si el precio de un bien es cero, la demanda tenderá a ser infinita. E infinita, aquí y ahora, significa planetaria. Cuando se pueden atravesar continentes por menos de doscientos euros, "todo el mundo" es, literalmente, "todo el Mundo". De ahí que únicamente el Servicio Catalán de Salud deba ofrecer sus prestaciones al cuarto de millón de extranjeros que ha reclamado su tarjeta sanitaria. Cotizantes o no, es lo de menos. ¿La razón? Para acceder a sus servicios, apenas se requiere figurar empadronado en alguno de los 8.116 municipios que hay en España. Clamoroso, decía, el silencio.