Los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, han decidido remitir una carta el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la que se comprometen a extender la moderación salarial pactada en convenio durante los próximos años, ampliándola más allá de 2012, a cambio de aprobar nuevas medidas económicas para "distribuir los esfuerzos de forma más equilibrada entre la población".
Lo primero que llama la atención de la misiva es que, al tiempo que defienden la moderación salarial -excluyendo en todo caso la bajada nominal de sueldos-, exigen previamente que el Gobierno desbloquee la negociación colectiva de los convenios pendientes en 2011. Es decir, abogan por subida salariales más moderadas, pero a su vez piden aumentos de sueldo próximos al 3%, en consonancia con la evolución de la inflación, para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo.
Sin embargo, más allá de esta contradicción inicial, destaca el particular recetario económico de ambos sindicatos. CCOO y UGT recomiendan a Zapatero un "compromiso firme de contención de los beneficios empresariales y un esfuerzo adicional de inversión de los excedentes obtenidos para ampliar y mejorar el tejido productivo español".
Esto significa, básicamente, que el Gobierno limite por ley los beneficios del sector privado, y obligue a las compañías a reinvertir parte de sus ganancias. Todo ello no deja de ser una expropiación de facto, ya que restringe la capacidad de los empresarios para decidir libremente qué hacer con los beneficios de su actividad, una vez satisfecho el pago de impuestos.
Los sindicatos exigen, además, que el Estado regule por ley el precio de determinados bienes y servicios básicos. "El control de precios juega un papel determinante en el terreno competitivo de las mercancías españolas, pero es especialmente importante alcanzarlo en algunos bienes que tienen mucha influencia en la capacidad adquisitiva de las rentas más bajas: energía, transporte público y alimentos. El esfuerzo en esos apartados debe ser especialmente intenso, mediante incluso el uso de una regulación pública más intensa durante un periodo de tiempo". Es decir, imponer precios máximos en "energía, transporte público y alimentos". Y ello, pese a que el precio de los dos primeros ya está fuertemente regulado.
Por otro lado, si bien abogan por la "eliminación de gastos superfluos y la reducción de duplicidades entre administraciones" para reducir el déficit, Toxo y Méndez defienden una subida generalizada de impuestos e intensificar la lucha contra el fraude fiscal:
Implantación de los anteriores tipos de gravamen en el Impuesto sobre Patrimonio y en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, modificaciones en el sistema de estimación objetiva de las rentas de actividades económicas dentro del IRPF, implantación de una tarifa progresiva entre 15% y 25% de la tributación de los rendimientos del ahorro y plusvalías en el IRPF e, igualación del tipo de gravamen efectivo y ordinario en el Impuesto de Sociedades mediante eliminación de las deducciones fiscales dentro de un proceso de mayor control de la tributación en este impuesto.
Por último, en cuanto a la vivienda, insisten en castigar fiscalmente a los propietarios que dispongan de viviendas desocupadas mediante aumentos en el IRPF con el fin de aumentar la oferta de alquiler, y recomiendan usar "los amplios stocks de las entidades financieras" para incrementar la oferta inmobiliaria de venta, aunque no explicitan cómo.