El consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, ha asegurado este miércoles que el Gobierno catalán "sintoniza completamente con el espíritu" de estipular un límite al déficit estructural de las administraciones, aunque ha reconocido que preferiría que ese techo lo fijase el Parlamento catalán.
En declaraciones a los periodistas antes de acudir a la entrega de los premios Canigó que otorga la Universidad Catalana d'Estiu (UCE) que se celebra en Prada de Conflent (Francia), ha señalado que la Generalitat se "toma muy en serio" las indicaciones que llegan de Europa.
Estas declaraciones de Mas-Colell llegan el día después de que el Gobierno catalán, a través de su portavoz, Francesc Homs, asegurase que se opondrá con contundencia a cualquier reforma de la Constitución que "atente contra el autogobierno" y la autonomía financiera de los catalanes.
"Como miembro del Gobierno de Cataluña, prefiero que las restricciones me las imponga el Parlamento catalán", ha subrayado Mas-Colell, que ha abogado por esperar a conocer los detalles de la reforma para evaluar si la medida puede minar el autogobierno y la autonomía financiera de Cataluña.
De hecho, el pacto que alcanzaron CiU y PP para sacar adelante los primeros presupuestos del Gobierno autonómico que dirige Artur Mas ya incorporaba el compromiso del Ejecutivo catalán de crear una norma que fijase un techo de gasto para Cataluña.
Mas-Colell ha defendido la necesidad de esperar a conocer "la letra pequeña" de la reforma, y ha reclamado al Gobierno que no se utilice esta medida como cortina de humo para desviar la atención y no afrontar las medidas estructurales que requiere la economía española.
Además, ha subrayado que el cambio constitucional no es irreversible, y que "de la misma forma que ahora se puede cambiar una Constitución en 15 días, luego se puede cambiar de nuevo en otros 15 días".
Impuesto de Patrimonio
Mas-Colell se ha referido también a la posibilidad de que el Gobierno recupere el Impuesto de Patrimonio, eliminado en 2008, y ha subrayado que, en caso de que se vuelva a implantar, su recaudación debe ir a cargo de las autonomías como antes.
"Me parece que es lo que corresponde teniendo en cuenta de que es un impuesto transferido a las comunidades autónomas", ha señalado el consejero, que, sin embargo, ha subrayado que desconoce si es intención del Gobierno central recuperar el impuesto.