El gobierno catalán ha vuelto a reclamar que existan unos límites a la solidaridad de Cataluña con el resto de las autonomías, en un momento en el que el PSOE y el PP estudian reformar la Constitución para fijar por ley el techo del déficit y del gasto de las administraciones.
La vicepresidenta del ejecutivo catalán, Joana Ortega, ha pedido en este sentido "poner límites a la solidaridad" de Cataluña en un momento en el que esta comunidad autónoma está haciendo un "gran sacrificio" para mantener el Estado del bienestar, por lo que ha instado a abrir un debate para poner "sobre la mesa" esta cuestión.
En declaraciones a COMRàdio recogidas por EFE, Ortega ha argumentado que "lo que no puede hacer Cataluña es tener un margen de solidaridad tan alto, que haga que sea la misma gente que no recibe aquellos servicios que tanto necesita la afectada".
"Nosotros hacemos los deberes, estamos poniendo límites a lo que es el gasto, estamos racionalizando los costes y, por tanto, también hay que poner un límite a la solidaridad", ha insistido la vicepresidenta del gobierno catalán.
Respecto a la reforma de la Constitución propiamente dicha, Ortega ha pedido de nuevo "prudencia" hasta que no se conozca la "letra pequeña" del texto que están negociando el PSOE y el PP, aunque ha insistido en que debe ser el Parlamento de Cataluña el que marque el límite del déficit.
Estas declaraciones contradicen a las que realizó ayer el consejero de Economía y Conocimiento de la Generalidad de Cataluña, Andreu Mas-Colell, cuando no tuvo reparos en reclamar al Estado la creación de "hispabonos" que agrupen a la deuda de todas las comunidades autónomas. La petición iba dirigida al Gobierno porque lo que pretende Mas es que estas emisiones de deuda estén avaladas por la Administración Central. "Con la falta de avales nos estamos penalizando a nosotros mismos. Con la falta de avales, la Administración central está penalizando a sus propios contribuyentes", aseguraba el consejero.
Llama la atención que el gobierno catalán califique de "desmesuradas" sus aportaciones al resto de las CCAA debido a que tienen una repercusión importante en su economía pero a su vez considere que las emisiones de "hispabonos" no implicarán una subida de la deuda pública.
"Una garantía colectiva no encarecería, al contrario. Y, por tanto, debería haber margen para que todos ganásemos" afirmaba Mas, aunque da la sensación de que solo quieren ganar unos.