La presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha anunciado este miércoles un severo ajuste en los Presupuestos de su comunidad para 2012. Reducirá un 20% el gasto público de la región para tratar de combatir la ineficiente gestión económica y el descuadre de las cuentas públicas heradado del anterior Ejecutivo regional del PSOE.
La medida supondrá un ahorro de 1.815 millones de euros en comparación con los Presupuestos de este año, que han alcanzado los 8.616 millones, pasando así a unos 6.800 millones. Este recorte tiene como objetivo intentar cumplir el límite de déficit fijado para las CCAA, del 1,3% del PIB. "Vamos ahorrar 1.815 millones de euros con un plan de choque contra el gasto corriente, el mayor que se ha hecho nunca en toda España.", ha apuntado Cospedal.
Entre las medidas de ahorro, se encuentran la reducción de 785 a como máximo 284 del número de liberados sindicales de la administración, la supresión de las subvenciones directas a sindicatos y patronales, el fin del pago de horas extras, el aumento de dos horas lectivas a los profesores o la suspensión de los programas de turismo social y termalismo social salvo cuando sean necesarios por prescripción médica.
La Junta suspenderá temporalmente la ejecución de obra nueva en infraestructuras, con excepción de las ya comprometidas, hasta que se saneen las cuentas y pretende ahorrar 400 millones de euros al racionalizar la gestión de las infraestructuras e instalaciones sanitarias y con la venta y posterior arrendamiento con derecho de recompra de los edificios de la Consejería de Sanidad.
Respecto al objetivo de límite de déficit, Cospedal ha vuelto a recordar que a 30 de junio de 2011 su Gobierno se encontró con un déficit del 4,9% frente al 1,3% marcado por Economía. La secretaria general del PP también ha denunciado que el nuevo Gobierno tendrá que hacer frente a una deuda regional de 7.455 millones de euros, y a un total de obligaciones reconocidas y no pagadas por valor de 2.600 millones. Y todo ello con un dinero efectivo para poder gastar de tan sólo 36 millones.
La presidenta asegura que su plan de ajuste prescinde de lo innecesario y aplaza lo necesario, un plan responsable y el único posible debido a que su grupo tiene la obligación de "sanear las cuentas ruinosas con las que nos encontramos".
Instituciones innecesarias y un sobrecoste de las empresas públicas son parte de la herencia con la que se ha encontrado Cospedal al llegar al cargo. Por este motivo, el plan de ajuste se centrará en la eliminación de cerca del 90% de empresas públicas, además de los organismos que supongan una duplicidad de competencias con el Estado central tales como el Defensor del Pueblo regional o el Consejo Económico y Social (CES) de la comunidad.
Cospedal ya ha anunciado que el ajuste del gasto es una pieza imprescindible para garantizar el sistema social regional que irá acompañado de un Plan para garantizar la educación publica, la sanidad y el resto de servicios sociales básicos. Será una Comisión de Vigilancia la que revise el cumplimiento de todo el plan en su conjunto.
También ha matizado que todos estos recortes se harán a coste cero para los castellano-manchegos porque su Gobierno no subirá "ni un solo euro los impuestos a sus ciudadanos".
El nuevo gobierno popular encargó un informe sobre el estado de las cuentas de la región que reveló la existencia de 1.742 millones de euros de facturas sin pagar a fecha 30 de junio cuando el Gobierno de José María Barreda solo reconocía la existencia de 700 millones pendientes.
Tras conocer los resultados, Barreda llegó a admitir entonces que el Gobierno entrante podía tener que enfrentarse a esa cuantía ya que en los dos meses que duró el cambio PSOE-PP se podría haber inflado más de 1.000 millones de euros. Una posibilidad muy poco probable que tan solo confirma que Cospedal se encuentra ante una comunidad en quiebra.