La Sociedad Estatal para la Venta de Acciones de Loterías y Apuestas del Estado (SEVALAE) ha decidido desistir de la oferta pública de venta de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), que ha venido preparándose desde el año pasado, según informó el Ministerio de Economía y Hacienda.
La decisión de suspender la salida a Bolsa de Loterías, que iba a ser la mayor oferta pública de venta de acciones en la historia de España, se debe a que "no se dan las condiciones adecuadas de mercado para garantizar unos ingresos que reflejen su valor", explica Economía.
Afirman, además, que "en este momento la situación de los mercados de capitales es muy distinta a la que existía" al emprender el proceso privatizador. El Gobierno subraya que la operación para colocar una participación de Loterías en el mercado "podrá retomarse cuando las circunstancias del mercado lo recomienden".
Loterías y Apuestas del Estado tenía previsto salir a Bolsa el próximo 19 de octubre, según el calendario definitivo de la colocación, tras la venta de 375,6 millones de acciones. De estos títulos, la mitad se destinaría a inversores minoristas; el 40 por ciento a grandes inversores y el 10 por ciento a las entidades colocadoras: Goldman Sachs, JP Morgan, UBS, Crédit Suisse, BBVA y Santander. La campaña de información ya estaba en marcha.
En diciembre del año pasado se adoptó la decisión de transformar la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado en una sociedad estatal con el fin de dar entrada al capital privado.
Desde entonces, se habían dado todos los pasos necesarios para llevar a cabo la privatización parcial de la sociedad con la adopción del acuerdo del Consejo de Ministros del 11 de marzo de 2011, por el que se constituyó la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, previa valoración de sus activos, y el posterior del 29 de abril de 2011, por el que se autorizaba la enajenación de hasta el 30% de la participación del Estado en el capital de la misma.
Esta operación podría haber proporcionado unos ingresos al Estado de entre 7.000 y 8.000 millones de euros, en función del precio de salida a Bolsa que se hubiera fijado, lo que hubiera redundado en la reducción de la deuda del Estado.
La operación no contaba con el visto bueno del PP, que ha mostrado en varias ocasiones su intención de, si llega al poder tras las próximas elecciones, utilizar "todas las herramientas que estén en su mano" para impedir que el Estado sufra las consecuencias de la venta del organismo a un "precio irrisorio".
El coordinador económico del PP, Cristóbal Montoro, ya exigió ayer la paralización de la OPV, que a su juicio supone "malvender" el patrimonio del Estado con la pérdida de ingresos "recurrentes" en un momento en el que son imprescindibles para reducir el déficit público. "No vamos a permitir que un monopolio público acabe en manos de un monopolio privado", advirtió.
Además, el secretario de Economía y Empleo del PP, Álvaro Nadal, había descalificado este mismo miércoles la operación por valorar la empresa pública estatal a "un cuarto de su valor". "Nadie vende su casa por siete años de alquiler", dijo, antes de afirmar que estaban dispuestos a exigir "responsabilidades" a los responsables de impulsar un proceso que supone una "grave pérdida del patrimonio del todos los españoles".