Cae un mito: el de los funcionarios con trabajo y sueldo garantizado de por vida hasta alcanzar la edad legal de jubilación. El Consejo de Ministros griego aprobó este fin de semana el despido de 30.000 funcionarios antes de fin de año y acelerar la puesta en marcha de nuevas medidas de austeridad. Atenas prevé ahorrar un total de 6.600 millones de euros hasta finales de 2012.
Grecia se enfrenta a un doble problema. Necesita cumplir con los objetivos de reducción de déficit acordados con las autoridades internacionales para seguir recibiendo la ayuda procedente del primer rescate aprobado en mayo de 2010 y, al mismo tiempo, poder aplicar el segundo plan de rescate aprobado el pasado 21 de julio. Y el problema es que no está cumpliendo: Atenas acaba de informar que el déficit público para 2011 será del 8,5% del PIB, un punto por encima del 7,6% fijado; mientras que en 2012 el déficit se situará en el 6,8% del PIB, ligeramente por encima del 6,5% establecido por las autoridades internacionales.
El motivo de este incumplimiento, según el Ministerio de Finanzas, es que la contracción de la economía será este año mayor de la esperada, pues se irá al 5,5%, frente al 3,8% previsto hasta ahora. En 2012, el PIB retrocederá, previsiblemente, un 2%.
Ante tal situación, Grecia se ha visto obligada a aprobar nuevas medidas de ajuste y acelerar la implementación de algunos recortes ya aprobados. Los inspectores de la troika -Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Central Europeo (BCE) y Comisión Europea- desembarcaron en Atenas el pasado jueves para comprobar, precisamente, si Grecia cumple con las condiciones fijadas para seguir recibiendo apoyo financiero internacional. Y es que, de dicho informe dependerá en gran medida que Grecia reciba a mediados de este mes el siguiente tramo de ayuda del primer rescate, unos 8.000 millones de euros, para evitar la quiebra.
La "reserva", paso previo al despido
"Asumimos decisiones de forma acelerada debido al inmenso déficit que ocasiona un gran problema de contracción de la economía", reconoció el primer ministro griego, Yorgos Papandréu. Para persuadir a la troika, el Gobierno heleno se ha comprometido a introducir nuevos impuestos, reducir nuevamente los salarios públicos, recortar otra vez las pensiones y acelerar el recorte de funcionarios.
Atenas tenía previsto inicialmente reducir en un 20% el número de empleados públicos hasta 2015 -unos 150.000 menos-. Y ello, básicamente, mediante el despido de empleados -que no funcionarios- y la paralización de nuevas contrataciones para reducir el número de funcionarios según éstos se fueran jubilando.
Sin embargo, el agravamiento de la situación económica y fiscal ha impuesto un nuevo giro de tuerca a este plan inicial. Atenas anuncia ahora que recortará de inmediato 30.000 funcionarios antes de finales de año, del total de 768.000 registrados oficialmente a mediados de 2010.
Atenas los colocará en situación de "reserva" durante un año, período en el cual tan sólo cobrarán el 60% de su sueldo. Transcurrido este plazo se decidirá su despido definitivo o bien su recolocación. Con este recorte, el Gobierno prevé ahorrar unos 300 millones de euros hasta finales de 2012, según un comunicado oficial.
La troika ha aceptado esta medida. Según la prensa helena, la idea consiste en enviar a la "reserva" a cerca de 23.000 funcionarios mayores de 60 años, muy próximos a la edad legal de jubilación, con la perspectiva de que sean finalmente despedidos, lo que equivaldría a una especie de jubilación anticipada. Los otros 7.000 empleados se reducirán mediante el cierre o la fusión de 150 agencias estatales, y también pasarían a la "reserva". Estas fusiones, decididas ya en 2010, se han estancado y, en los pocos casos en que se han producido, nadie fue despedido. Además, Atenas no descarta ampliar del 20% al 30% el recorte de empleados públicos antes de 2015, lo que implicaría una reducción total próxima a los 230.000 trabajadores.
Esto supone algo inédito. Y es que, los funcionarios helenos, que representan casi el 20% de la fuerza laboral de todo el país, tienen garantizado el puesto de por vida, según establece la Constitutición griega, ya que ésta prohíbe explícitamente su despido en casi todas las circunstancias. Quizás, por ello, Papandréu propuso el pasado junio la celebración de un referéndum para cambiar la Carta Magna, aunque evitó dar detalles acerca de los preceptos susceptibles de modificación.
Así pues, Atenas, previsiblemente, despedirá funcionarios empleando como paso previo la figura de la "reserva". Y es que, la troika presiona para que se apliquen despidos y no meramente jubilaciones anticipadas. "No dejaremos de lado nada de lo que sea necesario para que se cumpla el acuerdo del 21 de julio", en referencia al segundo plan de rescate, advirtió Papandréu. Por su parte, los sindicatos mayoritarios han vuelto a convocar nuevas jornadas de huelgas en protesta contra los despidos, los recortes salariales y el aumento de los impuestos.
Reducción de salario
El pasado septiembre, Atenas anunció su nuevo plan de ajustes para reducir el déficit, en donde destacan las siguientes medidas: la reducción citada de 30.000 funcionarios antes de fin de año; una rebaja salarial media de entre el 15% y el 20% en el sector público; un recorte del 20% en las pensiones de más de 1.200 euros; un recorte de hasta el 40% en las pensiones de los jubilados con menos de 55 años; un impuesto a la propiedad inmobiliaria, de entre 0,5 y 16 euros por metro cuadrado hasta el 1 de enero de 2014; una reforma fiscal que obligará a pagar impuestos a quienes tengan ingresos de más de 5.000 euros anuales, frente a los 8.000 actuales; privatización de empresas y organismos públicos para recaudar 4.000 millones de euroshasta finales de año y un total de 50.000 millones hasta 2015; y la liberalización de ciertos servicios y profesiones.
Dentro de todas estas medidas, destaca en especial el despido de funcionarios. Y es que, hasta ahora numerosos países de la UE han aprobado rebajas salariales y la reducción de trabajadores públicos, pero mediante la congelación de nuevas contrataciones (es decir, no reponiendo a los funcionarios que se van jubilando) o el despido de empleos temporales. Grecia, sin embargo, es el primer país de la zona euro que apunta directamente hacia el despido de funcionarios.