La peor parte de una crisis viene cuando los políticos y una parte muy importante de la población no quieren salir de ella, cuando se esfuerzan denodadamente por mantener las condiciones económicas que se revelaron insostenibles con el estallido de esa crisis. Grecia nos demuestra qué sucede cuando la población quiere conservar un Estado muchísimo más grande de lo puede sufragar; España, qué pasa cuando a ese Estado demasiado grande le añades un marco de relaciones laborales ideado para navegar por la cresta de la burbuja.

Nuestros convenios colectivos son como los trinquetes: marcha adelante pero nunca marcha atrás. Vayan las cosas bien o vayan mal, las remuneraciones y la organización laboral no se tocan. Sacrosantos derechos sociales que ya arrojan un saldo de cinco millones de parados. ¿Qué esperaban de combinar la mayor necesidad de reajuste productivo de nuestra historia reciente con la misma inflexibilidad interna de siempre? La subida de septiembre, la mayor en quince años, es en sí misma poco ilustrativa, pero sirve para recordarnos algo fundamental: el problema del paro en nuestro país no se arreglará sólo. O, más bien, no se arreglará mientras políticos y sindicatos sigan metiendo sus manazas en los contratos de trabajo.

El recetario se conoce, pero es impopular. No sólo hay que liberalizar las nuevas relaciones laborales sino las existentes. El paro surge porque hoy los empresarios son incapaces de emplear de manera rentable a más de cinco millones de personas, y lo son, por un lado, por la falta de oportunidades (ahí entra la necesidad de un profundo reajuste en nuestro aparato productivo) y, por otro, por un coste laboral demasiado elevado y demasiado rígido (ahí entra la reforma laboral).

Puede que parezcan dos problemas distintos y dos alternativas a la hora de superar nuestro problema estructural de desempleo: o incrementar la productividad creando nuevos modelos de negocio o bajar el coste del factor trabajo. Pero sólo lo son en cierta medida: para crear nuevos modelos de negocio que puedan capitalizarse en el futuro necesitamos, de entrada, que esos modelos de negocio sean rentables y, para ello, requerimos en muchos casos (no en todos) de costes laborales más bajos: es decir, de unos costes laborales que abandonen la euforia irracional de la burbuja.

Y para rebajar el coste laboral hay varias posibilidades (no excluyentes): o menores salarios por hora trabajada, o menores cotizaciones a la Seguridad Social, o menores remuneraciones no salariales (coste del despido, por ejemplo) o menores prebendas para los sindicatos (coste de los liberados). La reforma laboral que necesita España consiste en que no sean los políticos quienes elijan qué parte del coste laboral nos van a rebajar, sino en que lo decidamos nosotros negociando vis a vis con nuestros empleadores (que no, no son el coco).

Sólo les daré unos datos: crecimiento real de Grecia entre 2007-2011, -10%; el paro pasa del 8% al 16%. Crecimiento real de Portugal entre 2007-2011, -4%; el paro pasa del 9% al 12,5%. Crecimiento real de Italia entre 2007-2011, -5%; el paro pasa del 6% al 8,5%. Crecimiento real de Irlanda entre 2007-2011, -10%; el paro pasa del 4,5% al 14,5%. Crecimiento real de España entre 2007-2011, -2,1%; el paro pasa del 8% al 21%. Somos el país que menos decrecemos y en el que más aumenta el desempleo. Algo no cuadra, y más allá del posible maquillaje estadístico, lo que no cuadra es nuestra legislación laboral.