Entre la segunda recesión y las reformas (4)

La política económica del euro en crisis

El presente ensayo de Alberto Recarte, que constará de seis entregas, es un análisis de los problemas de la economía española y de las reformas necesarias para salir de la crisis.

a) La debilidad institucional del euro

A principios de 2010 quedó en evidencia que las diferencias económicas entre los países miembros del euro eran relevantes para los inversores, máxime si existía riesgo de impago. La posibilidad de que Grecia, Irlanda, Portugal y España no fueran capaces de atender el pago del principal y los intereses de su deuda, pública o privada, expuso, en toda su crudeza, las carencias institucionales del euro.

En ese momento se presentaron dos alternativas: dejar suspender pagos a los países que no fueran capaces de atender sus necesidades financieras, públicas o privadas o intervenir desde las instituciones europeas, aunque no tuvieran competencias para hacerlo. El Banco Central Europeo serviría para suministrar liquidez, si se trataba de un problema temporal. La propia Unión Monetaria (UME) concedería préstamos a largo plazo y bajos tipos de interés a los estados miembros en dificultades.

b) La opción equivocada: la primera crisis de Grecia

Habría sido mejor la primera opción. El país afectado, Grecia en este caso, debería haber tomado, él solo, las decisiones, en lugar de aplazar las más complicadas, confiando en que el crédito exterior se recuperaría con el solo anuncio de intervención de la UME. Por otra parte, países en riesgo como Portugal, Irlanda, España e Italia habrían reaccionado antes, sabiendo que estaban solos. Con una excepción, que los problemas de liquidez del sistema financiero sí deberían contar con la ayuda del Banco Central Europeo. La crisis de Lehman Brothers estaba demasiado próxima como para añadir una incertidumbre de ese calibre al funcionamiento del sistema financiero internacional. Si el Gobierno griego hubiera estado solo, tendría que haber acudido al FMI para solicitar su intervención. Con su ayuda, habría podido negociar con sus bancos acreedores y con los detentadores de sus bonos. El FMI habría propuesto un plan de recuperación, con el que tendrían que estar de acuerdo el Gobierno y sus acreedores en lo que respecta a las posibles quitas, plazos y tipos de interés de la deuda, así como haber discutido y acordado las condiciones de nuevos créditos.

La razón última de por qué Merkel y Sarkozy no dejaron que Grecia suspendiera pagos fue electoralista. Pensaron que una suspensión afectaría a muchos bancos, alemanes y franceses, que podrían perder hasta un 50% de sus inversiones en Grecia, cerca de 50.000 millones de euros. Unas cantidades que les obligaría a recapitalizarse, nuevamente, con fondos públicos. En definitiva, los dirigentes de la UME optaron por rescatar a Grecia, una solución prohibida según el Tratado de Maastricht. El Banco Central Europeo comenzó a descontar papel de bancos griegos a su valor nominal, a dar líneas de crédito para resolver problemas de solvencia, no sólo de liquidez, y a comprar bonos griegos en el mercado secundario. La Unión Monetaria Europea improvisó la creación de un Fondo para financiar al estado griego, en el que participaron los estados miembros, con préstamos directos, junto con el FMI, que aportaba alrededor del 30% del total. El conjunto de préstamos alcanzaba los 110.000 millones de euros. Lo suficiente, en principio, para financiar las necesidades públicas correspondientes a 2010, 2011 y 2012. A cambio, se exigió al Gobierno griego la reducción del déficit público, de acuerdo con un calendario pactado. En el paquete figuraba la necesidad de sanear el sistema financiero.

«Para que un plan de rescate, sin modificación en el tipo de cambio, tenga éxito, es imprescindible asegurarse de que se pueden hacer reformas que impulsen el crecimiento.»

El plan no ha funcionado y ha sido necesario un segundo rescate, que está, todavía, sin formalizar, en el que la intervención del Banco Central Europeo será más activa –y más ilegal– y en el que los préstamos los hará, ya, un Fondo europeo, armado y gestionado por la Unión Europea, con el aval de los países miembros. Asimismo, se exige a los bancos acreedores que reestructuren sus préstamos, a menor tipo de interés y mayor plazo, lo que es, en definitiva, una suspensión de pagos encubierta, que es lo que ha desatado la crisis del euro de los meses de julio y agosto de 2011. Por su parte, países como Finlandia sólo aceptarían participar en el segundo rescate con garantías adicionales. Un planteamiento incompatible con la filosofía de cualquier refinanciación.

c) Un plan de rescate mal diseñado. La importancia del crecimiento

El primer plan no funcionó porque subir impuestos y reducir gastos públicos, sin más, no era, ni es, suficiente para devolver el equilibrio a un país cuya moneda es el euro. Si la moneda hubiera sido diferente, parte del plan del FMI habría sido dejar fluctuar la moneda, lo que podría haber resultado en una devaluación del 50%, lo que, a corto plazo, habría devuelto la competitividad a la economía griega. Ese tiempo podría haberse utilizado para hacer reformas lo que, junto a los pactos para reducir la deuda exterior, habría podido ser suficiente. La UME y el FMI han tenido que reconocer que la recuperación de la crisis de un país cuya moneda, el euro, por definición, no se devalúa, sino que se mantiene estable o incluso se revaloriza, a pesar de la crisis de alguno de sus miembros, es más compleja de lo que se pensaba.

Para que un plan de rescate, sin modificación en el tipo de cambio, tenga éxito, es imprescindible asegurarse de que se pueden hacer reformas que impulsen el crecimiento. Reformas en el mercado de trabajo, en la administración pública, y en la forma en que se interviene en la economía. Eso es lo que, en principio, pretende el segundo plan de ajuste, lograr que la economía griega vuelva a crecer. Si no lo hace, los problemas se agravarán, bajará la recaudación de impuestos, aumentará el gasto y se incrementará el déficit. La situación empeoraría, porque los residentes en Grecia, que ya reaccionaron cuando, percibiendo los errores del primer rescate, sacaron –legalmente– parte de sus depósitos bancarios del país y los trasladaron a Alemania, acelerarían ese comportamiento si creyeran que las reformas no pueden hacerse o si pensaran que no van a ser efectivas. Esa es la razón de que los tipos de interés libres en Grecia alcancen, en la actualidad, el 25%.

No es evidente que ninguna política de reformas pueda devolver la capacidad de crecimiento a economías muy poco productivas, como la griega, o, en su caso, la portuguesa, a muy corto plazo, en dos o tres años, que es lo que querrían asegurarse los inversores. Si esta solución fallara, como parece previsible en el caso de Grecia, las alternativas tendrían que ser más drásticas: o bien la UME interviene externamente la economía, suspendiendo la libre circulación de capitales, obligando a profundizar el ajuste del gasto público y la puesta en práctica de reformas estructurales de mayor calado o bien se renegocian todos los créditos y se le concede una quita significativa, a cambio de un nuevo paquete financiero y del abandono del área euro.

d) El estado de la cuestión en el verano del 2011

Los políticos europeos se han inclinado por los planes de rescate, sin quitas explícitas, por las razones expuestas. Pero esta alternativa tiene cada vez más opositores en países como Alemania, Austria o Finlandia. Para convencer a sus votantes, Merkel y Sarkozy han propuesto:

  1. La constitución de un Gobierno europeo.
  2. La posibilidad de imponer sanciones a los que no cumplan sus compromisos de reducción del déficit, que consistirían en privarlos de los Fondos Estructurales y de Adhesión, que concede la Unión Europea.
  3. Aconsejar, con dureza, a la banca acreedora que refinancie sus préstamos.
  4. Elevar a rango constitucional la prohibición de incurrir en déficits públicos.
  5. En el caso de Alemania y Francia, igualar el Impuesto sobre Sociedades y elaborar conjuntamente los presupuestos de ambos países. La intención última es que a esa propuesta se sumen el resto de los miembros del área euro.
«El caso de España es diferente, porque dado nuestro tamaño y nuestra deuda exterior, nunca podríamos ser rescatados. Tendríamos que negociar, directamente, la salida del euro.»

Son propuestas que nacen de la desesperación, pues los partidos políticos alemanes son cada vez más reticentes a ayudar a los gobiernos de los países periféricos, ante la evidencia de ocultaciones contables y la incapacidad demostrada para cumplir sus compromisos de reformas estructurales. La reticencia tiene la lógica de la experiencia previa. La segunda consideración que están haciendo políticos, economistas e instituciones diversas es que quizá sería mejor utilizar esos fondos para recapitalizar, directamente, la propia banca. En definitiva, hay cada vez más personas, instituciones, partidos políticos y gobiernos que se inclinan ahora por la primera de las alternativas y por permitir, o forzar, la salida de los que no pueden resistir la presión de la moneda única. Naturalmente, si Grecia suspende pagos y, en última instancia, sale del euro, se incrementan las posibilidades de que países como Portugal pasen por el mismo trance. El caso de España es diferente, porque dado nuestro tamaño y nuestra deuda exterior, nunca podríamos ser rescatados. Tendríamos que negociar, directamente, la salida del euro. No hay fondos suficientes para refinanciar la deuda privada y pública española, pero sí los hay para recapitalizar a la banca europea que ha invertido en España y que tendría que aceptar una quita significativa si España no fuera capaz de cumplir sus compromisos.

La alternativa de organizar un gobierno económico europeo, con poderes para intervenir en los países miembros que no cumplan sus compromisos, es una salida que, antes o después, requerirá modificaciones formales en los Tratados europeos, adoptadas, obligatoriamente, por unanimidad. Ese momento se está retrasando, por la certeza de que habría países que no lo aprobarían. Por eso, todas las decisiones que se están tomando, desde enero de 2010, tienen el marchamo del arbitrismo. Es evidente la ilegalidad de algunas de las políticas de intervención del Banco Central Europeo y es dudoso que el Fondo Europeo de Estabilidad, con la capacidad y tamaño que se le quiere dar, sea conforme con el Tratado de Maastricht. La petición de que la propia UME emita bonos europeos es complicada jurídicamente, porque probablemente la legislación alemana no lo permitiría, y políticamente, pues si se da ese paso desaparecerán muchos de los incentivos para que los países en dificultades hagan las reformas. Pero es también evidente que, si no se actúa, el sistema financiero internacional podría colapsarse, como ocurrió con la quiebra de Lehman Brothers.

A principios del mes de octubre parece que, finalmente, el Fondo de Estabilidad Europeo, dotado con recursos efectivos de 440.000 millones de euros, será ratificado por los 17 países miembros de la Eurozona. El parlamento español aprobó en una mañana, sin discusión, la participación de nuestro país, que asciende a alrededor de 72.000 millones de euros entre aportaciones y avales.

El conflicto con Grecia sigue abierto y el tamaño de su endeudamiento sigue creciendo. A estas alturas parece evidente que la quiebra es inevitable. Ordenada o desordenada. Con quita. Con participación de los prestamistas privados. Y, en mi opinión, con la intervención del FMI, para que aconseje qué camino tomar. La Unión Monetaria debería negociar, en ese contexto, la salida de Grecia del euro, pero no de la Unión Europea.

La reacción en los mercados financieros será temible. Se paralizarán las transacciones financieras, como ocurrió con la quiebra de Lehman Brothers y, como también ocurrió en 2008, sólo podrá superarse esa situación con la intervención del Banco Central Europeo, que tendrá que estar dispuesto a ampliar sus líneas de descuento y financiación a todos los bancos de la Eurozona por cuantías que podrían superar el billón de euros. Una tremenda tormenta para la que hay que prepararse. La alternativa de permitir a Grecia permanecer en el euro, con financiación europea y una quita del 50% me parece que sería peor; sería mucho más probable la muerte de la Europa monetaria y el estallido de las otras instituciones europeas.

e) Los intereses de España

«El peor de los mundos posibles para España sería que no fuéramos capaces de hacer las reformas estructurales que necesita nuestro país. Si fracasáramos, España se encontraría con una crisis económica mucho más grave que la actual y con el estallido de las actuales instituciones políticas.»

El interés de España es evitar una situación límite, que desembocaría en el cierre de los mercados financieros y la imposibilidad de refinanciar nuestro sistema financiero y financiar al Estado español. Para lograr ese objetivo tenemos que seguir un camino parecido al que se le pide a Grecia en su segundo rescate: terminar la recapitalización del sistema financiero, cumplir los objetivos de déficits públicos, hacer las reformas estructurales necesarias para recuperar la competitividad –mercado de trabajo y convenios colectivos– y crecer lo suficiente como para equilibrar las finanzas públicas. En las actuales circunstancias, a España le interesa reforzar las instituciones europeas, el Banco Central Europeo, el Fondo de Estabilidad e incluso apoyar la formación de un Gobierno europeo, obligándose a modificar la Constitución para ilegalizar los déficits públicos. En la medida en que se logren esos objetivos, se atenuaría la presión de los mercados sobre el Estado y sobre las instituciones financieras españolas. Lo más positivo, además, es que, si se hacen las reformas estructurales, la economía española podría volver a crecer.

Si no funciona el segundo rescate de Grecia, ni el primero de Portugal, y no se puede avanzar en la formación de un gobierno europeo ni en la emisión de bonos europeos y España no hace rápidamente todas las reformas que necesita, será difícil que no terminemos por suspender pagos. No hay que olvidar que para que los cambios estructurales tengan efectos positivos en la competitividad y en el crecimiento, hace falta tiempo. Por otra parte, si España, y por supuesto, Italia, se encontraran sin financiación exterior, la supervivencia del euro, tal y como está formado en la actualidad, no sería posible. La ruptura del euro sería dañina para todos los países, miembros o no del euro. Las consecuencias serían peores para los países más endeudados, pues en el caso de que tuvieran que recuperar sus monedas nacionales se encontrarían con monedas devaluadas, una deuda externa que podría duplicarse instantáneamente –si la devaluación interna fuera del 50%–, la quiebra de su sistema financiero nacional, de las empresas endeudadas –que se encontrarían sin posibilidad de refinanciarse– e incluso la de las empresas solventes, si la falta de financiación se mantuviera durante unos meses.

f) La crisis política de España

La economía española nunca debió integrarse en el euro, pero ahora, endeudada y estancada, necesita tiempo para que hagan efecto las reformas que se deberían haber hecho desde que comenzamos a integrarnos en las instituciones europeas. España, por eso, tiene que apostar por el reforzamiento de las instituciones de la Unión Monetaria Europea. El peor de los mundos posibles para España sería que no fuéramos capaces de hacer las reformas estructurales que necesita nuestro país. Si fracasáramos, España se encontraría con una crisis económica mucho más grave que la actual y con el estallido de las actuales instituciones políticas. Entraríamos en un periodo constituyente, con tensiones separatistas exacerbadas en el País Vasco y Cataluña, y un malestar social creciente, pues el desempleo podría volver a crecer, sin posibilidades de poder pagar las prestaciones y ayudas sociales a las que se ha habituado la sociedad española. Sería el comienzo de una nueva transición política, con resultados imprevisibles. El acercamiento a Europa, que ha sido el horizonte para la mayoría de los partidos políticos, sería sustituido por una reflexión convulsa sobre lo que la mayoría quiere que sea España.

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