A lo largo de los últimos meses algunos gobiernos regionales han colgado el cartel de se vende en decenas de sus edificios e inmuebles a fin de recaudar dinero en un momento en el que el déficit y los intereses de la deuda ahogan sus cuentas públicas. Cataluña y Andalucía están tratando de acelerar este tipo de operaciones con el objetivo de recaudar cerca de 1.000 millones de euros antes de que comience 2012.
Jacint Boixasa, director general de Patrimonio, asegura que la Generalidad ha puesto a la venta sus mejores activos para garantizar que las ventas se completen. "Nuestro objetivo es vender 550 millones de euros en activos antes de fin de año, lo cual es relativamente poco tiempo", informa Bloomberg. Cataluña está tratando de encontrar compradores para 37 inmuebles a través de diversas consultoras.
La idea consiste en que los inversores interesados puedan posteriormente realquilar a la Generalidad estas propiedades por un importe máximo de 37 millones de euros al año mediante un contrato de arrendamiento con vencimiento a 20 o más años.
Andalucía, por su parte, espera recaudar algo más de 400 millones con la venta de 76 inmuebles. La Junta ofrece pagar alrededor de 30 millones de euros al año para permanecer como inquilino de estos edificios una vez se efectúe su venta.
"Tenemos 10 ofertas no vinculantes -principalmente de inversores anglosajones- para toda la cartera que superan nuestro objetivo", según Galey Manuel Sánchez, director general de Finanzas de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta andaluza. "Estoy completamente seguro de que cerraremos el trato a tiempo", aunque eludió citar a los posibles interesados.
Cataluña puso en marcha las ventas el pasado agosto mientras que Andalucía comenzó en mayo. Ambas administraciones tienen prisa por vender y recaudar así el dinero previsto, ya que han incluido en su capítulo de ingresos esos 1.000 millones de euros en sus respectivos Presupuestos para 2011.
Sin embargo, "es poco probable que la venta de carteras a gran escala se complete a tiempo, debido a la volatilidad de los mercados financieros y la restricción del crédito", según Patricio Palomar, director de investigación de la consultora inmobiliaria CB Richard Ellis. "Es posible que la financiación se incremente para alguna de estas carteras, pero es poco probable que se puede hacer para las dos". Pese a ello, inversores privados que no requieren financiación podrían adquirir algunos de estos inmuebles de forma aislada, señala.
"A contrarreloj"
"Están trabajando a contrarreloj", advierte Vanessa Gelado, vicepresidenta de Drago Real Estate Partners, una firma de inversión inmobiliaria. "No es imposible que lo hagan, pero el calendario es muy apretado".
Si bien es cierto que los inversores suelen declinarse por alquilar edificios a organismos públicos dado los ingresos regulares que generan y la mayor garantía del pago, la compra de este tipo de activos públicos es menos atractiva ahora que hace cinco años, indica Simon Martin, jefe de investigación y estrategia de inversión de Tristan Capital Partners, compañía de inversión inmobiliaria con sede en Londres. "Los gobiernos regionales son una garantía de renta y me cuesta mucho creer que se produzca un impago", pero "en el mundo post-Lehman puede pasar cualquier cosa, tienes que preguntarse si podría pasar".
Además, la inversión en oficinas en Madrid y Barcelona, los centros neurálgicos de España, cayó un 56% interanual en el primer semestre del año, hasta los 276,6 millones de euros, según la consultora Aguirre Newman. Los alquileres de oficinas en las mejores zonas (prime) ha seguido cayendo durante estos meses.
"Tenemos que hacer esto bien", enfatiza Sánchez Galey. "Estamos llevando a cabo la primera venta a esta escala de inmuebles públicos a nivel regional. La gente estará observando muy de cerca". Se trata de una oferta de gran volumen. No en vano, cabe recordar que el pasado año la venta de inmuebles públicos ascendió a un total de 1.100 millones de euros en toda Europa, concentrándose el 75% de las operaciones en Suecia, Reino Unido, Alemania e Italia, según CB Richard Ellis.
Cataluña y Andalucía, la primera y cuarta región más endeudada de España -en términos nominales-, respectivamente, podrían abrir la puerta a operaciones similares por parte de otras administraciones territoriales muy endeudadas en caso de que culminen sus ventas con éxito.
"Las administraciones españolas han sido tradicionalmente compradores, no vendedores, de bienes inmuebles, así que hay una gran cantidad de activos que se podrían vender", según Palomar. Así, por ejemplo, tan sólo el Gobierno central posee edificios por valor de 42.000 millones de euros, y podría prescindir del 34% de su superficie (unos 14.000 millones) sin menoscabo para sus actividades.