El Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, que gestiona el vicepresidente Manuel Chaves, es el encargado de subvencionar a los sindicatos que representan a los empleados de la administración pública en las diferentes mesas de negociación. Este año los sindicatos que han obtenido representación en dichos órganos administrativos se van a repartir 1,3 millones de euros en función del número de delegados elegidos en cada caso.

Nadie, hasta el momento, ha acertado a explicar por qué resulta necesario otorgar subvenciones a unos sindicatos simplemente por haber sido elegidos en unas elecciones sindicales en la función pública, ni a qué gastos añadidos han de hacer frente por el mero hecho de desempeñar las funciones para las que fueron creados, dado que todos los representantes sindicales cobran sus emolumentos exactamente igual que si estuvieran desempeñando su labor profesional.

La resolución del ministerio Chaves tampoco lo aclara, de forma que la justificación de esta entrega de dinero público se realiza exigiendo a los beneficiarios la presentación de unas "memorias de actividades" a realizar durante el año 2011 como paso previo a recibir el dineral. Dado que las cuentas sindicales no son auditadas por el Tribunal de Cuentas, al no ser los sindicatos órganos de la administración, el empleo del dinero procedente del bolsillo de todos los españoles quedará reservado a la supervisión del mismo organismo que concedió las ayudas: el Ministerio todavía dirigido por D. Manuel Chaves González.