En unos momentos en los que el Gobierno debería enviar mensajes de tranquilidad sobre el sistema financiero español y sobre el estado de salud de las cuentas públicas, el Ejecutivo se está dedicando a hacer justo lo contrario, dando así a entender que la situación económica de nuestro país es mucho más desesperada de lo que dice el Gobierno, cuando lo que parece desesperado es el estado de las finanzas públicas porque ZP y los suyos no han hecho nada para remediarlo. Desde este punto de vista, la modificación de la regulación del Fondo de Garantía de Depósitos que acaba de aprobar el Consejo de Ministros para que, según dice la vicepresidenta económica, Elena Salgado, el sistema financiero "asuma en su totalidad los costes de saneamiento" es un error de dimensiones considerables.
De entrada, el sistema crediticio los únicos errores que tiene que asumir son los propios, no los de los políticos que han gestionado las cajas de ahorros y han llevado a la ruina a la mayor parte de ellas. El problema de estas entidades, por tanto, no es cosa del sistema financiero, sino del sistema político, el cual no asume coste alguno y mucho menos la cuota de responsabilidad en todo ello, que es mucha. En cambio, los bancos con problemas llevan tiempo saneando sus cuentas y ninguno de ellos está necesitado de intervención pública para salir adelante, al contrario de lo que está sucediendo con un buen número de cajas de ahorros. Y es que la diferencia estriba en que los bancos son privados y aunque han cometido sus errores, ellos mismos ya se están encargando de asumir el coste de las medidas de saneamiento que están llevando a cabo. Luego eso de que el sistema financiero tiene que asumir la totalidad de dichos costes no es más que una falacia para ocultar el fracaso y las consecuencias de la gestión política de las cajas.
Además, es un grave error el instrumento que se ha elegido para ello. El Fondo de Garantía de Depósitos está para asegurar a los clientes de las entidades de crédito que, en caso de problemas con alguna de ellas, podrán recuperar hasta cien mil euros. Se trata, por tanto, de un elemento destinado a fomentar la confianza en el sistema bancario, no a salvar bancos y cajas. Que ahora lo utilice el Gobierno para este fin supone minar la confianza en el sistema, cuando lo que se necesita es justo lo contrario, y revela la difícil situación de nuestro país, que no es capaz de obtener en el mercado los recursos con los que financiar el FROB, el instrumento creado para salvar sobre todo a las cajas. Vamos, que como el Ejecutivo ha dejado la economía hecha unos zorros y el presupuesto público con más agujeros que un queso suizo, ahora resulta que tiene que expropiar la red de seguridad de los depósitos de los ciudadanos para arreglar los inmensos desaguisados que los políticos en general, y el zapaterismo en particular, han provocado en las cajas de ahorros. Cómo deben de estar las cosas con las cajas y las cuentas públicas para que el Gobierno tenga que acudir a esta felonía.