Una de las principales propuestas del candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, de cara a las elecciones generales es reforzar la lucha contra el fraude fiscal. Me parece bien. Los liberales muchas veces pecamos de suaves cuando se pone sobre la mesa el asunto del fraude fiscal. Probablemente porque tenemos aversión moral hacia los impuestos, y nos ponemos en la piel de alguien que trata de salvaguardar su salario, o sus beneficios, de las manos políticas que lo van a dispendiar. Pero no nos podemos dejar llevar por las apariencias. El fraude fiscal es un impuesto adicional para los que cumplen con la ley, y los liberales deberíamos combatirlo con las mismas ganas con las que criticamos otros impuestos.
Sin embargo, tras un vistazo rápido a las propuestas del PSOE, lo único que queda claro es que no han entendido en qué consiste el fraude fiscal. Y es que la evasión no es otra cosa que una decisión económica. Es decir, que es la respuesta a una evaluación de beneficios contra costes. Porque está claro que el fraude da beneficios a quien lo practica. Pero también tiene costes. El dinero negro no tiene el mismo valor que el blanco. No se puede comprar con él cualquier cosa, ni a cualquier comprador, ni en cualquier circunstancia, sino que tiene muchas limitaciones. Esto se suma al principal coste de quien evade: la posibilidad de que le pillen. Aunque al principio pueda parecer que quien defrauda siempre sale ganando, no cabe duda de que aquéllos que han tenido que pagar tremendas multas, o han acabado en la cárcel, han salido perdiendo de largo.
Desde esta perspectiva, ¿qué sucede en países, como España, en los que el fraude fiscal es muy alto? Una cosa muy sencilla. Que aunque los costes de hacerlo sean elevados, los beneficios son tan altos que muchas veces lo compensan. En pocas palabras, que los impuestos son excesivamente altos. Este fenómeno es muy similar al que ocurre con otra variante del fraude fiscal: la economía sumergida. Aunque la economía sumergida también tenga un sin fin de costes para empleados y empleadores, la legislación laboral penaliza tanto a ambos que les merece la pena jugársela. Por eso son los países menos libres, como Cuba, o la antigua Unión Soviética, los que tienen un mayor porcentaje de economía sumergida. Porque hace de válvula de escape ante un entorno económico asfixiante.
La conclusión es que la mejor forma de reducir el fraude fiscal es bajar los impuestos. Cuando los impuestos están tan altos que hacen que la gente esté dispuesta a jugarse, incluso, su propia libertad en caso de ser descubiertos, habrá mucha gente que defraude. En cambio, si los impuestos están bajos no merecerá la pena correr ese riesgo. La gente cumplirá con la ley, y los ciudadanos honrados se evitarán ese impuesto adicional que es el fraude fiscal. Decía antes que el PSOE no había entendido cómo funcionan los agentes económicos respecto a este tema porque su programa, tan volcado en luchar contra el fraude fiscal, sólo propone... ¡subidas de impuestos! Qué mejor manera de conseguir, por un lado, terminar de arruinarnos. Lo único que conseguirán así es que, lejos de reducirse, el fraude fiscal se dispare como válvula de escape. Y es que el fraude fiscal es un indicador de que el marco económico se está volviendo asfixiante.