Comienza la partida. El órdago lanzado por el primer ministro griego, George Papandreu, consistente en celebrar un referéndum el próximo diciembre sobre el nuevo plan de ayudas acordado por la UE, ya ha obtenido respuesta. Los líderes europeos rechazan renegociar los requisitos del segundo rescate heleno y bloquearán la ayuda urgente de 8.000 millones de euros del primer plan de asistencia hasta que Atenas no ratifique su compromiso de aplicar los ajustes exigidos.
Éste es el mensaje que transmitirán a Papandreu el presidente francés, Nicolas Sarkozy, y la canciller alemana, Angela Merkel, en la reunión a la que le han convocado esta tarde en Cannes antes del inicio de la cumbre del G-20, según informa el diario francés Le Monde citando fuentes del Elíseo. Al encuentro asistirá también la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, y los representantes de las instituciones de la UE.
La ayuda de 8.000 millones de euros, que corresponde al sexto tramo del primer rescate aprobado en mayo de 2010, fue aprobada el 21 de octubre por los ministros de Economía de la eurozona tras varios retrasos por la resistencia de Atenas a aplicar los recortes exigidos. Estaba previsto que se desembolsara a mediados de noviembre, pero tras el anuncio de referéndum tanto la UE como el FMI consideran "inimaginable" pagar esta ayuda.
Presiones de la UE y del FMI
Fuentes del FMI admiten que el anuncio de Papandreu ha cogido por sorpresa al organismo, y puesto que los estatutos del Fondo exigen un horizonte más o menos claro de 12 meses para poder ofrecer financiación, las autoridades internacionales han decidido no desembolsar el siguiente tramo de ayuda a Atenas, con independencia de lo que decida la UE al respecto.
Francia calcula que las autoridades griegas se quedarán sin fondos como muy tarde en diciembre y lo usará para redoblar la presión sobre Papandreu. Si Grecia no obtiene la ayuda, tarde o temprano, carecerá de la financiación suficiente para seguir pagando partidas básicas, tales como las pensiones públicas o el sueldo a sus funcionarios. Es decir, no abonar este pago implicaría la suspensión de pagos de Grecia, el temido default desordenado, con la más que probable salida del euro del país.
En este sentido, los líderes europeos pedirán al mandatario griego que la pregunta a sus ciudadanos sea si desean salir o no del euro. Así, el problema no será ahora el de una UE paralizada incapaz de resolver sus problemas sino el de un país que rechaza la salida que se le ofrece. "No podemos impedir que los griegos se suiciden", afirma un diplomático francés citado por el diario. De este modo, Bruselas abre la puerta a Atenas para que salga de la Unión Monetaria.
Las primeras encuestas conocidas sobre esta cuestión indican que el 65% de los griegos votaría en contra de las condiciones que impone el segundo rescate del país, de hecho, casi el 80% demandaría más gasto público para salir de la crisis, justo lo contrario de lo que pretenden las autoridades internacionales. Lo curioso, sin embargo, es que al mismo tiempo, el 75% de los griegos quiere permanecer en el euro, lo cual es incompatible con lo anterior.
Salida del euro y de la UE
Pero las implicaciones de tal decisión podrían superar, incluso, las fronteras de la zona euro. Y es que, los tratados fundacionales no contemplan un mecanismo claro sobre la salida de un país miembro.
Un informe jurídico elaborado por el Banco Central Europeo (BCE) ya advertía en 2010 sobre los efectos de este "posible escenario": una secesión voluntaria de la zona euro supondría también la expulsión de la UE, ya que todos los miembros de la Unión deben ir integrándose, de forma progresiva, a la Unión Monetaria, a excepción de Gran Bretaña y Dinamarca, cuya adhesión a la UE establece explícitamente una cláusula para no adoptar el euro en sustitución de su moneda nacional; así pues, hoy por hoy, abandonar la Unión Monetaria (UEM) "sin una retirada paralela de la UE sería legalmente imposible", concluía el informe.
Guerra interna en Atenas
Mientras, Atenas mantiene su intención de celebrar el polémico referéndum. El Gobierno de Papandreu ha decidido crear una comisión para preparar los detalles de la consulta popular, prevista para diciembre, en el que se preguntará a los griegos su opinión sobre las condiciones que exige el nuevo préstamo internacional de 130.000 millones de euros hasta 2014 (austeridad, reformas, privatización de activos públicos y pérdida parcial de soberanía nacional), así como la quita del 50% de su deuda a los acreedores privados –condonación de unos 100.000 millones que se traduce en una reducción del 28% de su deuda pública total-.
La comisión, creada anoche durante una reunión de emergencia del consejo de ministros, estudiará la fecha exacta de la consulta, la pregunta y elaborará un informe para determinar si es posible que los ciudadanos voten hacia finales de año. La pregunta será "acepta o no el acuerdo", según Atenas, y se descarta que se pregunte sobre la permanencia en el euro. Pese a ello, Papandreu ha admitido que en el trasfondo del referéndum se dilucidará el mantenimiento o no de Grecia en la zona euro.
Sin embargo, Papandreu, que necesita el apoyo del Parlamento para sacar su iniciativa adelante, cuenta con el rechazo frontal de algunos destacados miembros de entre sus filas. Durante las siete horas de debate en el seno del consejo de ministros, varios miembros del Ejecutivo expresaron su divergencia con la línea del primer ministro, ya que el referéndum decidirá "sobre el futuro del país en los próximos 30 años", como declaró el ministro de Sanidad, Andreas Loverdos.
Algunos miembros de su partido (PASOK) ya han advertido de que votarán en contra del referéndum, mientras que otros se muestran indecisos. El PASOK tan sólo cuenta con una escasa mayoría en el Parlamento: tras las últimas deserciones, 152 escaños de un total de 300 -la oposición afirma que votará en contra-.