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Anticorrupción investigará el escándalo de Novacaixagalicia

La Fiscalía Anticorrupción investigará la minusvaloración de Novacaixagalicia y las indemnizaciones millonarias que cobraron varios exdirectivos.

La Fiscalía Anticorrupción investigará la minusvaloración de Novacaixagalicia antes de traspasar su negocio a su banco asociado y las indemnizaciones millonarias que cobraron varios exdirectivos por un montante aproximado de 25 millones de euros, informó la Confederación Intersindical Galega (CIG).

Clodomiro Montero, portavoz del sindicato nacionalista y autor de la denuncia trasladada a la Fiscalía General del Estado, ha elogiado, en declaraciones a EFE, la apertura de la investigación y ha avanzado que la CIG "colaborará en todo lo que pueda" para que "se llegue hasta el fondo" en este "escándalo social".

Ha lamentado, sin embargo, que las administraciones, que cuentan con "toda la información" sobre las cajas de ahorro gallegas, no hayan "dado este paso", y ha apuntado al PP por votar en contra de la creación de una comisión de investigación en el Parlamento de Galicia.

Asimismo, ha revelado que el Banco de España no ha dado respuesta alguna a la solicitud trasladada para la apertura de un expediente sancionador para los ex altos directivos que percibieron indemnizaciones millonarias.

La CIG espera que Anticorrupción "actúe de la misma forma" que con la CAM y "arroje luz" sobre la depreciación "poco argumentable" en un 93 % del valor en libros de Novacaixagalicia -de 1.784 millones a los 181 valorados por el FROB-, y para que los directivos que "se marcharon a casa forrados" asuman responsabilidades.

Sobre el baile de cifras respecto al capital fundacional de la entidad gallega, Montero considera que o los libros contables estaban "mal hechos" o por el contrario pudo haber un "acuerdo" entre el Banco de España y los inversores "para beneficio" de los segundos.

En cuanto a las recientes declaraciones del presidente ejecutivo de Novagalicia Banco, José María Castellano, respecto a que las indemnizaciones "se ajustan a Derecho", Montero ha recalcado que "quien tiene que decidir si son legales o no es un juez".

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