Las ocurrencias, improvisaciones y continuos bandazos en materia de política económica de la Administración Zapatero han pasado factura a la economía española. No son solamente chapuzas y torpezas que resultan inofensivas sino que, además de dañar la imagen y seriedad de España, generan un ambiente de incertidumbre para los inversores y empresarios que perjudica la recuperación económica. Así lo han señalado distintos investigadores para el caso de otros países, como Estados Unidos.
Éste es un coste no observable directamente que el Gobierno socialista ha impuesto sobre la economía española en su conjunto, y que se suma al coste directo de medio billón de euros que contabilizó Libre Mercado.
Los economistas están de acuerdo en que la inversión -que se materializa en mejores métodos productivos, infraestructuras, etc., que, a la larga, contribuyen a mejorar las condiciones de vida de la población- es la base del crecimiento económico sostenido en el largo plazo. Siempre, eso sí, que no venga impulsada por expansiones desbocadas del crédito, que sólo generan un boom artificial que más tarde se convierte en recesión, como fatalmente hemos comprobado en los últimos años.
Esta inversión privada, sobre todo la de largo plazo, es altamente dependiente de las expectativas que los agentes económicos tengan acerca de la futura evolución de la economía. Y dentro de estas expectativas, una elevada incertidumbre tiene un claro efecto negativo. Ésta, que es inevitable y ubicua, varía en grados, y puede ser suavizada o incrementada por las políticas gubernamentales.
Efectos sobe la inversión
Si una cosa necesitan aquellas personas que arriesgan grandes cantidades de dinero es certidumbre y estabilidad en las reglas del juego, que les aseguren que podrán recuperar lo que es suyo -al margen de que hayan errado el tiro empresarial y tengan pérdidas- y no estén sujetos a cambios legislativos arbitrarios.
Así, un panorama de regulaciones cambiantes y volátiles es más dañino que un panorama de regulaciones invariables. Piense en los costes de adaptación que suponen nuevas leyes y regulaciones: primero hay que leerlas o entenderlas, algo que no es fácil dada la maraña administrativa y burocrática que caracteriza a nuestro sistema, y segundo, hay que aplicarlas, lo que suele suponer un coste al empresario -aunque en algunos casos sean determinados empresarios quienes más se benefician de algunas regulaciones-.
Si bien los mercados, y más en periodos como el actual, se caracterizan por el dinamismo y el cambio, la incesante aparición y desaparición de oportunidades de hacer dinero, no es menos cierto que los tomadores de decisiones políticas añaden más leña al fuego de la incertidumbre.
En la actualidad, los políticos y sus masivas y discrecionales intervenciones sobre los mercados han contribuido a hacer el futuro relativamente más incierto, lo que, según diversos analistas, frena la recuperación. Esta situación tiene precedentes históricos en Estados Unidos con las políticas del New Deal de Franklin D. Roosevelt, como ha estudiado extensamente el economista Robert Higgs, quien acuñó el término de "incertidumbre de régimen" para explicar por qué la Gran Depresión se prolongó tanto tiempo.
Desconfianza
La Administración Zapatero es un buen caso de estudio en este sentido. Los bandazos y la poca claridad y coherencia en sus propuestas de reformas han exacerbado la incertidumbre en la que operan los agentes económicos en España.
Pensemos primero en los cambios repentinos de timón que ha dado el Gobierno, principalmente por las presiones internacionales. Además de las promesas incumplidas acerca de garantizar los "derechos sociales", se unen las declaraciones en febrero de 2010 de la ministra de Economía, Elena Salgado, de que "los sueldos de los funcionarios no bajarán", y de la entonces vicepresidenta primera del Gobierno María Teresa Fernández De La Vega afirmando que "el Gobierno no ha contemplado subir los años de cotización" para cobrar pensión pública.
Con estos precedentes, dudar de las declaraciones e intenciones del Gobierno parece una actitud racional: ¿quién les va a creer con certeza? Y si hay desconfianza es probable que el dinero esté quieto e, incluso, huya del país. Pero quizá más importante hayan sido los largos, tortuosos y, lamentablemente, poco efectivos procesos de reformas en los que se ha embarcado el Ejecutivo socialista.
1. Empecemos por la reforma laboral, que algunos han tildado como la no-reforma por su escasa profundidad. A pesar de ello, Gobierno, sindicatos y patronal han estado negociando durante largo tiempo. Durante todo este período los agentes económicos presenciaron los muchos tiras y aflojas entre unos y otros, sin saber con certeza qué cambios iban a hacerse en la legislación laboral.
Al final, como sabemos, no se tocó ninguno de los cuatro grandes problemas del mercado de trabajo, a saber: la dualidad, la ultra-actividad de los convenios y excesiva centralización y rigidez de la negociación colectiva, así como las elevadas prestaciones por desempleo. No es éste precisamente un ejemplo de seriedad institucional de cara al exterior.
2. Otro capítulo digno de mención es el de la reforma de las cajas de ahorro y la reestructuración del sistema financiero español. Ésta ha sido otra área que requería acciones sensatas y urgentes para solucionar el problema de los activos tóxicos inmobiliarios y recapitalizar la banca. Sólo así podía esperarse que, una vez saneada, el sistema financiero reiniciara el flujo del crédito.
Sin embargo, tampoco aquí ha existido una línea coherente, decidida y transparente de actuación. Se comenzó negando que existiera agujero alguno en la banca española, diciendo que nuestro sistema era "el mejor del mundo". Y a esta ocultación de la realidad le siguió la inacción hasta que, a mediados de 2010, comenzaron a plantearse hacer algo al respecto.
Hoy, pese a una reforma que se ha extendido durante más de un año, con cambios sustanciales en el sector, el problema de la banca no está ni mucho menos resuelto. De hecho, ante el recrudecimiento de la crisis de deuda europea, la cuestión clave en estos momentos es qué pasos tomará el nuevo Gobierno entrante para salvar a bancos y cajas.
3. En materia fiscal también se han tomado medidas que, aunque en su magnitud no han sido sobresalientes, sí han introducido nuevas dosis de inestabilidad e incertidumbre en el marco normativo de nuestro país, en este caso tributario.
Así, por ejemplo, destaca la decisión de reducir el tipo impositivo para compras de viviendas sujetas al IVA -principalmente, las que se corresponden con la entrega de la vivienda realizada directamente por el promotor- del 8% al 4%, pero sólo para las viviendas transmitidas antes del 31 de diciembre de 2011. Recordemos que en 2010 el Gobierno subió el tipo reducido del IVA del 7% al 8%. De esta manera, se daba un giro a la política fiscal sobre vivienda: si antes se había retirado la desgravación fiscal para no fomentar el regreso al modelo del ladrillo, ahora se introducía un incentivo fiscal para animar al sector.
La recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio para 2011 y 2012, el aumento cosmético del IRPF para las rentas más altas -en un guiño electoralista hacia los sectores de izquierda- o el incremento del porcentaje correspondiente al pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades para las grandes empresas son otros ejemplos de esta volatilidad legislativa en materia fiscal.
Asimismo, debe añadirse a esta lista la falta de claridad acerca de las políticas impositivas llevadas a cabo. Como ha sido habitual en la Administración Zapatero, muchos han sido los momentos en que distintos miembros del Ejecutivo decían cosas contradictorias. Así, por ejemplo, todavía queda reciente el episodio en que el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, y el ex ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba hablaban de la necesidad de castigar fiscalmente a los ejecutivos de la banca mientras Salgado negaba que se fueran a subir los impuestos en el corto plazo.
4. A todo esto se añade la política energética. En concreto, lo referido a las renovables, una materia que también se ha caracterizado por la inseguridad jurídica e inestabilidad normativa. En primer lugar, el Ejecutivo generó una burbuja en el sector, otorgando generosísimas subvenciones para quienes produjeran este tipo de energía. Desbordados ante la avalancha de solicitudes de subvenciones y con un agujero presupuestario notable -coincidiendo además con la crisis-, el Gobierno no tuvo otra opción que recortar las primas verdes.
De esta forma, dejó a una parte de los inversores abandonados a su propia suerte, tras haber cambiado sin previo aviso las reglas del juego. Pero las cosas aún son más graves, como señalaba Juan Santaló en Nada es Gratis:
Además, el anuncio no es de recortes inmediatos, sino que abre un período de negociaciones y anuncios entre el Ministerio de Industria y el sector que se prolonga en el tiempo creando cierto suspense sobre el resultado final y prolongando de manera adicional la incertidumbre regulatoria con la consecuente ralentización de la inversión.
5. En las últimas semanas, sin embargo, las incertidumbres regulatorias y de política económica parecen venir de las negociaciones referentes a la crisis de deuda soberana en Europa. Éstas también han tenido un impacto negativo importante, en el sentido de que la discrecionalidad en las decisiones está primando sobre el seguimiento de pautas y reglas estables preestablecidas.
Generar confianza
Así pues, el nuevo Gobierno del PP tiene la responsabilidad de hacer una política económica nacional sensata, en la que las reglas estén claras y sean conocidas y aplicables de forma igual para todos. Si se quiere acelerar la recuperación es urgente que se acabe con esta volatilidad legislativa, ofreciendo una mayor certidumbre institucional a inversores y empresarios para que pongan en marcha proyectos que generen riqueza y empleo.