No hay tiempo que perder. Rajoy ha hecho bien no esperando a su investidura para convocar a patronal y sindicatos –tal y como ha hecho este miércoles en la sede del Partido Popular–, como también fijando una temprana fecha límite –el 6 de enero– para que los mal llamados "agentes sociales" lleguen a un acuerdo en torno a la reforma que, desde hace tantos años, viene reclamando nuestro encorsetado mercado laboral. El futuro presidente del Gobierno ya se comprometió durante la campaña electoral a dar una última oportunidad al "diálogo social", tanto como a llevar a cabo la reforma en caso de que patronal y sindicatos no llegaran a un acuerdo aceptable en un mínimo plazo de tiempo.

Con todo, el "diálogo social" no debe ser excusa alguna para que el Gobierno eluda sus responsabilidades, más aun cuando el Partido Popular acaba de recibir un claro apoyo electoral y, sobre todo, dada la dramática situación de desempleo que padece nuestro país. Por otra parte, poco acuerdo cabe esperar que alcancen patronal y sindicatos respecto a las reformas que requiere nuestro mercado laboral en este mes, si tenemos en cuenta que ya fueron convocados a un acuerdo por Zapatero meses antes de las elecciones de 2008: tras años de fotográfico y sordomudo "diálogo social", el privilegiado inmovilismo sindical ni siquiera fue capaz de aceptar el simulacro de reforma que tan tardía y estérilmente llevó a cabo Zapatero el pasado año.

No es, por tanto, previsible que sindicatos y patronal acuerden en un mes lo que han sido incapaces de acordar durante años. Menos aun si se trata de una profunda reforma liberalizadora que simplifique al máximo las modalidades de contratación, conceda la mayor flexibilidad en el seno de las empresas y evite que los costes del despido sean disuasorios para la contratación.

Con todo, parece adecudo que durante el proceso de traspaso de poderes, los sindicatos y la patronal demuestren si son o no capaces de dar a la luz una auténtica reforma laboral. Eso sí, sin más simulacros y sin mayor tardanza.