Cataluña es una de las escasas comunidades autónomas que está tratando de corregir a marchas forzadas los inmensos excesos presupuestarios cometidos por el anterior Ejecutivo autonómico. Aún así, el Gobierno de Artur Mas vive al límite de sus posibilidades, hasta el punto de verse obligado a retrasar la paga extra de Navidad a sus funcionarios debido a sus graves problemas de tesorería, es decir, carece de liquidez para hacer frente a sus compromisos inmediatos.

Esta situación, inédita en la historia reciente de España, se veía venir desde hace ya mucho tiempo. No en vano, el anterior Gobierno socialista de Montilla lanzó la ocurrente idea de endosar deuda pública a sus propios contribuyentes, los famosos bonos patrióticos, para poder llegar a fin de mes. Estas emisiones ofrecían una elevada rentabilidad a muy corto plazo, y tras su éxito inicial fueron imitadas por numerosas administraciones regionales.

Sin embargo, acudir a este mecanismo de financiación constituía la prueba evidente de que Cataluña –al igual que otras autonomías– estaba al borde de la quiebra. Su insolvencia no deriva de ningún malvado ataque especulativo por parte de los mercados, y mucho menos de la negativa del Estado a abonar supuestos compromisos financieros, tal y como denuncian ahora los nacionalistas de CiU. Ni mucho menos. La insolvencia catalana es responsabilidad, única y exclusiva, de sus políticos. El sector público en su conjunto, y en especial las autonomías, dispararon el gasto público de forma desaforada durante los años de burbuja crediticia gracias a la afluencia masiva de ingresos fiscales provenientes de un crecimiento económico, en gran medida, irreal.

Durante el pasado ciclo expansivo los políticos lograban cuadrar más o menos sus cuentas sin dificultad, pues tan sólo debían limitarse a aumentar el gasto en la misma medida en que crecían sus ingresos. ¡Voilà! Equilibrio presupuestario logrado. Inmenso error. La llegada de la crisis destapó el pastel. El sector público, al igual que el privado, vivió muchos años por encima de sus posibilidades al calor de una financiación laxa, abundante y barata. El desplome de la actividad privada se tradujo, de forma análoga, en una brutal caída de ingresos fiscales. Y, pese a ello, ¿qué hicieron estos fabulosos gestores? Aumentar el gasto público. ¿Resultado? Déficits presupuestarios históricos y, por tanto, aumento muy sustancial de deuda pública. Y más deuda implica más necesidades de financiación, y éstas se traducen en tipos de interés más elevados, lo cual supone a su vez destinar menos recursos al resto de partidas o bien registrar más déficit, más deuda, más necesidades de refinanciación... Y vuelta a empezar.

Desde 2007, el sector público no ha hecho nada para frenar esta mortal espiral, pues se ha limitado a pisar el acelerador hasta que el mercado –los que prestan el dinero– dijo basta por miedo a no recuperar un duro. Zapatero fue el primero en experimentar el rechazo de los inversores en la primera mitad de 2010, viéndose así obligado a desacelerar su marcha hacia el precipicio del default. Las autonomías han tardado más gracias a su particular sistema de financiación, y ha sido este año cuando han empezado a ser conscientes de la factura a abonar.

Aún así, muchas se resisten a aceptar la realidad y, al igual que sus colegas griegos, suplican rescates o ayudas de toda índole y condición con tal de mantener su insostenible tren de vida. No en vano, los proyectos presupuestarios de 2012 presentados hasta ahora contemplan un aumento medio del gasto próximo al 2% interanual. Se equivocan de nuevo. Las regiones, al igual que ayuntamientos y Estado, deberán retrotraer sus presupuestos a niveles pre-burbuja, lo cual implica recortes presupuestarios próximos al 30% –o más– para reequilibrar las cuentas. Así de simple y así de duro ¿Austeridad dicen? El necesario ajuste no ha hecho más que empezar.