Bajo el término "represión financiera" se oculta una perversa práctica desarrollada por los estados para tratar de minorar el coste de su abultada deuda pública con el fin de incentivar la demanda de bonos, aligerar su carga financiera y evitar, en la medida de lo posible, los drásticos ajustes que debería llevar a cabo el sector público en ausencia de tales medidas.
Así, tal y como muestran Carmen M. Reinhart y M. Belen Sbrancia en un trabajo publicado a principios de 2011, la citada "represión financiera" fue una táctica habitual empleada por los gobiernos entre 1940 y 1970, un período caracterizado por las altas tasas de endeudamiento público derivadas de la Segunda Guerra Mundial. Se trata, ni más ni menos, que de una particular estrategia para acometer una reestructuración de la deuda, pero sin que se note demasiado. Y ésta incluye, entre otras medidas, la reducción artificial de los tipos de interés oficiales por parte de los bancos centrales, incentivos u obligaciones para incrementar la demanda de bonos, estricta regulación e, incluso, controles al libre movimiento transfronterizo de capitales y, en general, una estrecha colaboración entre la banca y los gobiernos. Además, según concluye dicho informe, "la represión financiera es más exitosa en la liquidación de las deudas cuando se acompaña de una dosis constante de inflación".
En la actualidad, numerosos estados apuestan, una vez más, por la aplicación de este tipo de prácticas "represivas" para combatir la crisis de deuda pública y financiera que aún golpea a la economía internacional. No en vano, lo primero que hicieron los bancos centrales tras el estallido de la Gran Recesión en 2008 fue, precisamente, reducir los tipos de interés a mínimos históricos. En un principio, parecía que el Banco Central Europeo (BCE) estaba dispuesto a imprimir un cambio de rumbo en esta materia durante los últimos compases del mandato de Trichet.
Sin embargo, la llegada del italiano Draghi a la presidencia del organismo monetario ha logrado revertir esta intención inicial: los tipos en la zona euro se sitúan ahora en el 1%; el BCE ha reabierto sus compuertas para ofrecer financiación ilimitada y barata a tres años al sistema financiero; y la compra extraordinaria de deuda pública sigue su curso. Esta particular política monetaria es vendida insistentemente por los políticos y banqueros centrales como medidas necesarias para reactivar el crédito y el crecimiento, pero nada más lejos de la realidad. Estos movimientos, a uno y otro lado del Atlántico, están orientados, básicamente, a abaratar el coste de financiación de los gobiernos. Cosa distinta es que surtan el efecto deseado.
Otra estrategia común es la destinada a fomentar la compra de bonos incrementando artificialmente la demanda, imponiendo límites o tasas a los movimientos internacionales de capital o regulaciones financieras que favorezcan e incentiven la inversión en deuda pública (calificada por los reguladores como libre de riesgo y, por tanto, exenta de tener que ser provisionada). En los casos más extremos, el gobierno en cuestión puede, incluso, nacionalizar o tomar el control de ciertos intermediarios financieros para obligarles a invertir en bonos. Así, por ejemplo, los fondos de pensiones húngaros, recientemente nacionalizados, están incrementando sus compras de deuda pública; los fondos irlandeses sirvieron para respaldar el rescate público de la banca; en el caso de España, sin ir más lejos, la hucha de las pensiones (Fondo de Reserva de la Seguridad Social), con cerca de 70.000 millones de euros, se ha invertido casi en su totalidad en bonos nacionales. En los últimos tiempos es también habitual observar campañas publicitarias de "bonos patrióticos" en países como Italia o en las más cercanas comunidades autónomas españolas.
Otra práctica común es la tan manida inflación. Hoy por hoy, la zona euro presenta tipos de interés reales negativos (el IPC se aproxima al 3% mientras que el tipo oficial es del 1%). El objetivo último de políticos, banqueros centrales y numerosos economistas es generar una inflación incluso mayor para poder minorar la carga de la deuda.
Y ello, cómo no, sin necesidad de realizar grandes ajustes en el sector público. Así pues, todas estas perversas técnicas de "represión financiera" se diseñan con el único objetivo de que los gobiernos pidan dinero prestado a un coste inferior y en cantidades mucho mayores de lo que les permitiría un mercado totalmente libre.