España es un país socialdemócrata, con una política económica socialdemócrata y un sistema eléctrico que no iba a ser menos. Entre los ideales socialdemócratas sobresale la redistribución de la riqueza, signifique esto lo que signifique. Y ya sabemos que los políticos se llenan la boca con eufemismos del tipo "cohesión social" o "solidaridad territorial", siempre adaptados a sus intereses particulares en cada momento y lugar. Un ejemplo de este tipo de comportamiento lo constituyen los extracostes de generación eléctrica insulares y extrapeninsulares.
En Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla la generación de electricidad es más cara que en el resto de la Península. Su carácter de insularidad y desconexión física con el resto de España hace que no puedan disfrutar de las tecnologías de generación eléctrica más competitivas, a saber las grandes presas hidroeléctricas y las centrales nucleares. Este hecho, unido a que generan la mayor parte de su electricidad a partir de carbón, gas y fuel-oil origina que su electricidad sea menos competitiva que la nuestra. A modo de ejemplo, Baleares y Canarias produjeron casi el 95% de su electricidad en 2011 a partir de combustibles fósiles mientras que en la Península ese porcentaje se situó en torno al 40%.
Hace tiempo se decidió que este hecho atentaba contra el principio de igualdad entre los españoles y se decretó que en las islas y en las ciudades autónomas los ciudadanos pagarían por la electricidad lo mismo que el resto de españolitos de la Península. No está este artículo destinado a criticar este aspecto, sino más bien a resaltar el hecho de quién carga con la diferencia. Somos los consumidores de electricidad los que nos repartimos entre todos esa diferencia con cargo al recibo de la luz, concretamente con cargo a los peajes de acceso a las redes eléctricas. Y como ya hemos escrito en innumerables ocasiones, los peajes de acceso no son suficientes para cubrir la totalidad de costes regulados que se deberían pagar, incurriendo año tras año en el archiconocido déficit de tarifa eléctrica.
El montante de los costes extrapeninsulares supera anualmente los 1.000 millones de euros, yendo directamente a engordar el déficit de tarifa y, sumado a las multimillonarias subvenciones a las energías renovables arrojan valores de déficit que, a día de hoy, superan ampliamente los 20.000 millones de euros. En algún momento alguien pensó que, ya que se trataba de un principio de solidaridad, se financiara con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y no con cargo al déficit tarifario que, al fin y al cabo, se obligaba a asumir a unas empresas privadas, las eléctricas.
Así, la disposición adicional segunda del Real Decreto-Ley 6/2009 estableció que los costes extrapeninsulares se cargaran a los PGE y se hiciera un traspaso gradual hacia ellos. De hecho, en 2009 se traspasaría un 17% de los costes, en 2010 un 34%, en 2011 un 51%, en 2012 un 75% y en el 2013 y adelante un 100% de los mismos. Pero ahora llega al gobierno el Partido Popular, encontrándose con dos puntos más de déficit del "esperado" y, además de la inaceptable subida salvaje de impuestos, tiene que recortar gastos como sea y donde sea. O más bien como sea y donde interese.
¿Qué han hecho entonces? Se sacaron de la manga la disposición adicional quinta del Real Decreto-Ley 20/2011 que publicaron en el BOE el 31 de diciembre justo antes de las campanadas. En ella se establece que en 2012, como mucho, se pagarán 256 millones de euros de costes extrapeninsulares con cargo a PGE cuando, en realidad, deberían pagarse más de 1.000 millones de euros. Es decir, han trasladado casi 1.000 millones de euros de los PGE al déficit de tarifa eléctrico, se han quitado casi 1.000 millones de euros de encima que ya no figurarán en ningún lado como déficit del Estado a la hora de hacer las cuentas económicas. Pero no han hecho nada por solucionar el problema, ¡simplemente lo han llamado de otra forma, lo han cambiado de sitio!
Ya saben, la ingeniería financiera versa sobre marear la perdiz, cambiar el dinero de sitio muchas veces, cambiarlo de nombre y cambiarlo de partida presupuestaria. Si lo hace usted probablemente vaya a la cárcel, si lo hacen ellos se llama "responsabilidad de gobierno" y, además, lo hacen con nuestro dinero. La realidad es que los españoles seguimos debiendo miles de millones de euros en déficit eléctrico, lo llamen como lo llamen y lo pongan donde lo pongan. Que se cocinen las cuentas para hacer el paripé en Bruselas no nos eximirá de pagar los desvaríos legislativos de los que gobernaban antes y, por lo que se ve, de los de ahora también.