Una de las pocas evidencias en el mundo económico es la tendencia natural al crecimiento del sector público. Un simple análisis histórico del gasto público confirmará indubitadamente este hecho. La tendencia sólo se invierte puntualmente con gobiernos que, siendo fuertes objetivamente –aquellos que gozan de una mayoría absoluta para gobernar–, se saben titulares de esa fortaleza y están dispuestos a usarla. Grandes hacendistas han analizado las causas de esa aparente fatalidad; desde la vieja aportación de Adolph Wagner (1877) hasta la más reciente de dos autores británicos, Alan T. Peacock y Jack Wiseman (1961).
Mientras para el primero el progreso económico, al que acompaña de ordinario el progreso social, requiere del sector público más y mejores servicios, lo cual comporta un crecimiento incesante del gasto público para su financiación, para los segundos, la causa del crecimiento es más sencilla: una circunstancia adversa, que la sociedad considera como tal –una epidemia, una inundación, un terremoto...– requiere un incremento del gasto público para paliar sus efectos perjudiciales para personas y bienes. La causa del crecimiento a largo plazo está en que, cuando desaparece aquella causa que motivó el crecimiento, el gasto nunca vuelve al nivel inicial, con lo que el crecimiento del gasto está asegurado.
A las causas anteriores, yo añadiría un apéndice: el volumen de gasto se ha convertido hoy en un indicativo de poder, por lo que los políticos, ansiosos de poder, no dudan en flexibilizar su crecimiento y dificultar su disminución. Una metodología presupuestaria basada en incrementos novedosos de gasto sobre el año precedente es la aliada perfecta para su constante crecimiento.
Para remediar la espiral perversa, se diseñó el Presupuesto de Base Cero que, para cada período, prescinde de la situación anterior, analizando, sin restricciones, las necesidades públicas y cuantificando su financiación. ¿Es posible este modelo presupuestario en España? Mi criterio es que no pasaría de ser una referencia teórica. Nuestro presupuesto, como nuestra economía, está lleno de restricciones que invalidan el diseño.
Unas partidas están predeterminadas, como los intereses de la deuda pública, o los compromisos con pensionistas presentes y futuros, cuando otras vienen impuestas por la rigidez del mercado de trabajo, entre otros. Además del empleo público en régimen laboral, tan rígido como el privado, el cuerpo funcionarial sólo podrá ser separado por medio de expediente disciplinario, cuya rareza lo convierte en un recurso extravagante.
¿Significa esto que no existe solución? Nada más lejos de mi opinión. Hay que reducir el tamaño del sector público –eliminando funciones inútiles, gastos estériles, obras y servicios absurdos y ofensivas subvenciones–, para devolver al sector privado lo que es naturalmente suyo; asumiendo que tiene un elevado coste político, pero que para eso están los gobiernos fuertes respaldados por amplias mayorías, a los que la historia reconocerá sus esfuerzos. No se pretenda negociar con los afectados, pues nadie estará dispuesto a inmolarse. Sólo cabe una acción decidida de gobierno, que es lo que los españoles esperamos ahora.
¡Vamos, creo yo!