El mismo día que el gobierno ha anunciado que las autonomías siempre contarán, con independencia de su ritmo de gasto, con una red de seguridad y una línea de liquidez del Instituto de Crédito Oficial, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado una modificación de la Ley de Transparencia del Gobierno para exigir responsabilidades penales a los gestores públicos que eleven el gasto más allá de lo fijado en el presupuesto.
La verdad es que no podemos estar más de acuerdo con Montoro cuando afirma que un gestor público, sea un político o un gestor nombrado por un político, no puede gastar más allá de los límites que tenga en su presupuesto y, por ello, respaldamos que los gestores públicos que "falsean" la contabilidad afronten las mismas responsabilidades penales que los gestores privados que cometen igual delito.
Ahora bien. Si el anuncio de Montoro no pretende ser un mero brindis al sol o una forma de disimular pasadas y presentes condescendencias hacia gobernante manirrotos –muchos de ellos del PP–, será necesario que el Gobierno concrete claramente el delito, distinguiendo claramente conceptos que, aun frecuentemente asociados, no son exactamente equivalentes. Y es que una cosa es el despilfarro, otra el déficit y otra la ocultación del déficit. Las palabras de Montoro afirmando que "los gobernantes que quieran gastar más, que se lo pidan subiendo los impuestos a los ciudadanos" dan la impresión de que lo que se quiere tipificar como delito es el mismo déficit. Sin embargo, las palabras del ministro en referencia al presupuesto, que puede contemplar mayores gastos que ingresos, lo que indicarían como delito sería la ocultación del déficit, el falseamiento de la propia contabilidad. En cuanto al despilfarro que pueda suponer determinada partida de gasto, tiene muy difícil tratamiento penal pues es un concepto enormemente subjetivo que, además, puede ser contemplado en un presupuesto, compatible también con el déficit cero.
Por otra parte, es necesario saber si el Gobierno va a ejercer su competencia a la hora de poner topes de gasto a los presupuestos de las distintas administraciones y cuáles van a ser concretamente esos topes. Por lo que sabemos del anteproyecto de la Ley Orgánica de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria, el objetivo del equilibrio presupuestario se pospone a una fecha tan lejana como la del 2020, fecha a partir de la cual el déficit estructural no podrá superar el 0,4 por ciento, y eso si no se dan "situaciones excepcionales".
Con todo, el Gobierno fácilmente puede dar un tratamiento penal al déficit oculto, a las facturas escondidas debajo de la mesa, por mucho que este no sea el único medio que tengan los gobernantes manirrotos de endeudarnos, de sostener su despilfarro y comprometer la recaudación de legislaturas venideras. Eso, sin olvidar que nada daría más credibilidad al compromiso de Montoro a favor del control del gasto que el PP anunciara que retirará como candidato en las próximas elecciones municipales y autonómicas a todo aquel alcalde y presidente autonómico que haya acrecentado el endeudamiento público durante su mandato.