Esta vez coincido con usted: Montoro estaria mas guapo con la boca cerrada y empezando a tomar medidas serias; por ejemplo: ¿que tal si al ayuntamiento, region o diputacion que gaste de mas se le retrae dicha cantidad de lo que el Estado les aporta?.O mejor aun: ¿que tal si se elabora una ley de competencias exclusivas de los municipios y a aquellos que asuman tareas que no esten en dicha ley se les disuelve y pasan a ser gobernados desde Madrid?Me da que mas de uno y de dos se lo pensarian antes de meterse en camisas de once varas.
Cristóbal Montoro era Ministro de Hacienda en 2003. En ese año se aprobó la vigente ley General Presupuestaria (47/2003), firmada por Aznar y sancionada por el Rey.
¿La ha olvidado?. No lo creo.
Entonces, ¿por qué nos sale con que hay que modificar tal o cual ley para empapelar a quien gasta sin el adecuado y suficiente crédito?.
No hace falta “inventar” nada. Ninguna ley “nueva”, con efecto retroactivo o sin él, es necesaria para perseguir la gestión dolosa o culposa de los responsables del gasto público. Si quieren endurecer las sanciones, adelante. Pero no necesitan esperar a nada para empezar a hacerlo.
La normativa vigente ya prevé la responsabilidad de los gestores que infringen las normas relativas al gasto de las administraciones públicas.
En todos estos supuestos el infractor vendrá obligado a indemnizar a la Administración, sin perjuicio de sus responsabilidades penales y disciplinarias, sustanciadas conforme a sus respectivos procedimientos.
Además de los que adopten la resolución, incurren en responsabilidad conforme al artículo 179 de la ley 47/2003, los interventores en el ejercicio de la función interventora y los ordenadores de pago que no hayan salvado su actuación en el respectivo expediente, mediante observación escrita acerca de la improcedencia o ilegalidad del acto o resolución.
La ley prevé igualmente los órganos competentes y el procedimiento a seguir en la exigencia de estas responsabilidades.
Como se ve, hay y ha habido antes mecanismo legales suficientes para reprimir, sancionar y evitar los desmanes en la gestión de los recursos de la Hacienda y del gasto de las administraciones.
Tanto más si consideramos las garantías de legalidad que al respecto incorporan leyes tales como la de Contratos del Sector Público, la de Subvenciones o la de Estabilidad Presupuestaria; todas ellas violadas de una u otra forma con perfecta impunidad.
Impunidad impulsada por el poder político que ha invadido la esfera competencial administrativa desplazando de su ejercicio a quienes deberían realizarla (los funcionarios) y permitida por las instancias encargadas de su fiscalización; Intervención y Tribunal de Cuentas, igualmente sometidas al poder político.
Un poder partitocrático, dominado por una casta política que ejerce una verdadera oligarquía dictatorial, por cuanto arbitrariamente prescinde de la legalidad, en este ámbito del gasto público tanto como en cualquier otro.
La respuesta de los políticos es todo un poema…”todos a la cárcel”, dice Llamazares escandalizado. Una abierta confesión autoinculpatoria. Y lleva razón, todos acabarían en la cárcel… si se aplicara la ley.
Cuando un politico amenaza al ciudadano (normalmente de forma soterrada en forma de promesa benéfica), hay que echarse a temblar.
Pero cuando un político amenaza a otro político, solo podemos lanzar una sarcástica sonrisa, acompañada por un redoble ejecutado con maestria por un juez disfrazado de payaso.
A los españoles lo que nos gusta es amenazar. En la amenaza va incluida la ofensa y el castigo. El castigo real no se ejecuta en España cuando antes se ha amenazado. La amenaza es un salvoconducto de que nada se va a hacer. Hacer sin amenaza previa se nos daba antes mucho mejor, pero para eso hay que tener reaños y ya no se tienen.
La amenaza en España es una declaración de intenciones. Cuando algo no se va a a hacer o no se quiere hacer se amenaza con hacerlo. La amenaza a su vez cumple otra función, la de que si el otro pica me ahorro el esfuerzo. Y aquí de lo que se trata es de no trabajar, por eso amenazamos tanto. A ese Montoro ni caso. Directamente tiros a la barriga.
Pepe, hoy mi comentario me ha gustado mas que tu artículo.
Efectivamente, no hay más que repasar la CE- título VIII- y los estatutos de autonomía para darse cuenta de que lo propuesto por el Gobierno conduce a muy poco, si es que conduce a algo. Esto sólo tiene una solución: devolver competencias al Estado.
Y para eso no hace falta cambiar los estatutos de autonomía-aunque es la vía jurídicamente más propia. Sino optar por un decreto de devolución, que fue el modo en el que se perdieron muchas competencias por vía de la rt. 150.2 de la CE. Eso y controlar el TC, que esa es otra. )jurídicamente no es lo más fino, pero puede que sea lo más práctico)
Cojonudismo lo llamaba Unamuno.
Lo del cupo y lo de Navarra es el mayor tabú del actual régimen. Vamos, es tan tabú, que todos los políticos del «establishment» lo defienden sin atreverse a pronunciar su nombre. Y además de tabú, es una barbaridad que sólo ha sido superada por la conjunción astronómica del ofrecido rescate a los estaditos del Presidente con el estrambote del reglamento que prohíbe a médicos, enfermeros y celadores usar la lengua española, al dirigirse a los (miserables) pacientes, quienes, caso de no entender el pompeufabrés, deberán conformarse con el lenguaje no verbal (¿y qué pasará con los que lleguen con la vista perjudicada?)
¿Sería bueno (económicamente) que algunas comunidades autónomas se fusionaran? A mí me parece que una megacomunidad central que abarcara desde la provincia de León hasta la de Murcia, y desde la de Badajoz hasta la de Huesca sería una buena forma incrementar la eficiencia del sistema autonómico.
Mire, don José, esto de la cárcel me parece inviable y caro. Mejor cobrarse las travesuras en especie, emabrgando cuentas corrientes y planes de pensiones, joyas, coches, casas... de los «corrutos», de su familia y de los de su pueblo, si se dejan. No tanto por reparar el daño como por disuadir: la cárcel no asusta tanto como lo que te pueden hacer los parientes si por tu culpa pierden el Estado hozear en sus propiedades.
Digo yo.
Me estaba pellizcando para ver si estaba despierto cuando escuchaba esta propuesta por la radio, y debo decir que recuperando cierta esperanza en que nuestra limitada democracia avanzara un pasito.
Pero, al inclinarse mi carácter del lado pesimista, coincido con Vd. cuando dice lo siguiente:
Una fuerza que, como manda la tradición, se perderá por la boca para luego pasar al olvido entre la indiferencia general.
Pues eso: que quedará en la indiferencia o en una vaga ley llena de "buenos propósitos" y/o en una de redacción muy general y difusa.
Pues a mi lo diga quien lo diga me parece una idea cojonuda, y votaría a favor de la pena de carcel si me dieran la ocasión de hacerlo en un referndum.
Por cierto Sr JGD:
"Si el lapidario Montoro no perorara a humo de pajas"
¿No se pasa usted quizas de pedante? y que conste que es una pregunta