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La oposición se une contra Montoro por pedir cárcel para los derrochadores

Izquierda y nacionalistas reaccionan en bloque contra la propuesta del Gobierno de exigir responsabilidades penales a los gestores públicos.

LIBRE MERCADO / AGENCIAS

Los políticos españoles han reaccionado con rapidez al anuncio de Cristóbal Montoro de que modificará la Ley de Transparencia del Gobierno para que los políticos que gasten más de lo establecido en su presupuesto tengan que afrontar responsabilidades penales. Desde el PSOE, CiU, PNV o IU han saltado de inmediato a declarar que eso de meter en la cárcel a un alcalde o presidente autonómico derrochador es demasiado. ¡Hasta dónde podíamos llegar! ¿Tratar igual a un político que al gestor de una empresa privada que falsea sus cuentas o se salta las normas de buen Gobierno? Los partidos españoles lucharán por evitarlo.

En esta línea, Montoro ha indicado que se debe exigir rigor en la gestión de un gobierno. "Si un gobierno quiere gastar más que se lo pida subiendo los impuestos a los ciudadanos y que los ciudadanos decidan después, en unas elecciones, si lo que ha hecho ese gobierno es correcto. Lo que no es nunca correcto son las facturas falsas en el cajón, la falta de transparencia y acumular deudas que luego se vuelven impagables, que es lo que está ocurriendo ahora", ha advertido.

Chaves (PSOE): "Las responsabilidades políticas, en el Parlamento"

El ex vicepresidente del Gobierno y ex presidente de la Junta de Andalucía Manuel Cháves, ha insistido en replicar a Montoro que cuando los gestores públicos cometen un delito o una irregularidad, "siempre están sometidos a las leyes y a la Justicia". Otra cosa son, a su juicio, las responsabilidades políticas, que "siempre se deben exigir en el Parlamento, por el control o por las iniciativas parlamentarias".  Según el presidente del PSOE, eso es lo propio y lo normal en un Estado de derecho, "en España, en Francia, en cualquier sociedad democrática. El que comete un delito, a la Justicia. Las responsabilidades políticas, en el Parlamento".

El PSOE se pregunta si Gallardón se lo aplicará a sí mismo

 

Por su parte, el PSOE, quiere saber si el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, comenzará aplicándose a sí mismo el nuevo delito penal. En un argumentario distribuido entre sus cuadros dirigentes, al que ha tenido acceso Efe, el PSOE emplaza al Gobierno a explicar seriamente el alcance del nuevo delito penal y si, tal y como ha pedido el presidente extremeño, José Antonio Monago, se va a hacer con carácter retroactivo.

Lo socialistas recuerdan que las leyes vigentes en España ya contemplan el castigo penal a la mala administración siempre que se incurra en alguno de los delitos ya tipificados. Al mismo tiempo, el Estado de derecho prevé la posibilidad de que se depuren responsabilidades políticas, si ha habido mala gestión, sin haber incurrido en ningún delito penal.

Pero si el Gobierno quiere incluir en el Código Penal un nuevo delito que sancione con penas de cárcel la mala gestión económica en la administración será una iniciativa cuya competencia directa corresponderá al Ministerio de Justicia, del que es titular Ruiz Gallardón.

Y se preguntan los socialistas si el ex alcalde de Madrid comenzará por aplicarse a sí mismo ese nuevo delito, dado que durante su gestión como regidor madrileño multiplicó por 5 la deuda de ese ayuntamiento y lo dejó como el más endeudado de toda España, con más de 7.000 millones de deuda, lo que equivale a una cuarta parte del total del dinero que debe el conjunto de 8.000 municipios.

Campuzano (CiU): "Paternalista"

El diputado de CiU Carles Campuzano ha calificado de "paternalista" la actitud del Gobierno del PP respecto a las comunidades autónomas, y ha asegurado que quien debe asumir responsabilidades por la gestión de la crisis es el Ejecutivo central y no culpar a los autonómicos, que cuentan con un "margen de actuación limitado". En este sentido, ha remarcado que las comunidades "viven de las transferencias" que autoriza el Estado, asumiendo las responsabilidades "con un margen de actuación limitado".

Azpiazu (PNV): "Sería muy fuerte"

El diputado del PNV Pedro Azpiazu ha afirmado que suena "muy fuerte" la intención del ministro de Economía y Hacienda, Cristóbal Montoro, de impulsar un cambio en la ley para que se puedan exigir responsabilidades penales a los gestores públicos, políticos o no, que incumplan los presupuestos. En declaraciones a la prensa en los pasillos del Congreso de los Diputados, Azpiazu ha puesto en duda que la ley dé "para tanto".

En su opinión, sería "mucho mejor convencer, persuadir y llegar a acuerdos" con los que tengan responsabilidades en materia de gasto, que hablar de responsabilidades penales, que es algo "realmente fuerte" y de lo que no se debería hablar, ha reiterado el diputado vasco.

Llamazares (IU): "Una locura"

El diputado de IU Gaspar Llamazares ha advertido de que si se aplicase ese criterio a los bancos, a los ciudadanos y a las administraciones "estaríamos en la locura" o ante la película "todos a la cárcel" de Berlanga. En su opinión, esa no es la forma de actuar en un estado democrático, ya que la responsabilidad de los gobernantes es con sus electores y cuando cometen un delito con los tribunales de justicia. Por ello, Llamazares ha avisado a Montoro de que no puede convertirse en el Tribunal Supremo "porque no lo es".

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