El Fondo Monetario Internacional acaba de pintar un panorama desolador para la economía española. Según sus previsiones, tenemos todavía por delante dos años de recesión, lo que significa que, si nada cambia, seguirán desapareciendo empresas y continuará el proceso de destrucción de puestos de trabajo. Esta es la herencia que le dejan a España los siete años de zapaterismo. Sin embargo, como dice el refrán que no hay mal que por bien no venga, la recesión puede constituir también una oportunidad para hacer todo lo que hay que hacer con el fin de acortarla, salir de ella con fuerza y volver al tan deseado crecimiento económico generador de empleo con unas bases mucho más sólidas que en el pasado. ¿Qué tiene que hacer el Gobierno para ello?
En primer lugar, creo que debe aprovechar la oportunidad para hacer la reforma completa del mercado de trabajo. Lo que ha ido avanzando hasta ahora, como la descentralización de la negociación colectiva o la autorización plena y sin limitaciones de las agencias privadas de empleo, va en la buena dirección. Pero también tiene que reducir el coste del despido a veinte días mediante la clarificación plena de las causas objetivas del despido y la introducción de un contrato de crisis que incluya ese recorte del despido. La justificación de esta medida es sencilla: el tamaño medio de la empresa española es de 7,4 empleados. Un trabajador más o menos, por tanto, afecta sensiblemente a sus resultados. Teniendo en cuenta que el 97,5% de nuestro tejido empresarial está formado por pymes, si se abarata el despido es más fácil que éstas puedan empezar a contratar incluso a pesar de la larga recesión que todavía tenemos que atravesar.
En segundo término, dado que estamos en recesión, los ingresos presupuestarios van a seguir cayendo, incluso pese a la subida del IRPF. Y como mientras no reduzcamos el déficit público no habrá financiación para el sector privado, qué mejor ocasión que esta para acabar con tantas partidas de gasto estatal que ni tienen justificación ni nos podemos permitir en estas circunstancias. Y lo mismo cabe decir en relación con las autonomías y las corporaciones locales. La justificación, nuevamente, es sencilla. Menos gasto implica menos déficit y más dinero para financiar al sector privado, el generador de crecimiento, empleo y bienestar. Además, también se abre la posibilidad de bajar impuestos a las empresas y los emprendedores.
Estos últimos constituyen el tercer eje de lo que se debe hacer. Sin empresas no hay puestos de trabajo. El Gobierno, por ello, se debe esforzar en crear tanto una cultura pro empresa como en tomar todas aquellas medidas de todo orden que favorezcan su nacimiento y desarrollo, ya sean laborales, ya sean fiscales, ya sean de otro tipo, y acabar de una vez por todas con el mito de que el Estado debe crear empleo. El empleo solo lo puede generar el sector privado y es al que hay que apoyar de forma incondicional en estos momentos, acabando con tanto prejuicio como hay en este país contra todo lo que signifique empresa y empresario. Si el Ejecutivo actúa de esta manera, la recesión se puede convertir en la oportunidad para romper con todas las estructuras que impiden que España sea verdaderamente una economía de primera división.