Los responsables de numerosas empresas públicas españolas podrían estar en un problema mucho más grave del que ellos mismos se imaginan. Según un informe de la firma de asesoría y asesoramiento Russell Bedford, "los consejeros o administradores de las empresas públicas podrían responder con su patrimonio si no toman las medidas necesarias para evitar que estas sociedades lleguen a una situación de insolvencia".
Lo primero que destaca dicho estudio es que muchas de las sociedades creadas por el Estado, las comunidades autónomas o los ayuntamientos "siguen las normas del derecho privado", pese a su titularidad pública. Esto significa que sus gestores "están sujetos al mismo régimen de responsabilidad que los administradores de una empresa privada".
De esta manera, si desarrollan su gestión con negligencia y se puede probar que su actuación "está vinculada con su situación de insolvencia y las consecuencias derivadas de ello", podrían tener que responder ante la justicia, con la "inhabilitación para gestionar otras empresas y con la exigencia del pago con sus propios bienes".
Esto podría crear una situación completamente nueva en los chiringuitos públicos que han proliferado por la geografía española en los últimos años. Hasta ahora, se suponía que la administración pública siempre estaría ahí detrás para rescatar a sus empresas y entes públicas. Por ejemplo, en el caso de las televisiones autonómicas, todas ellas han ido incurriendo en altos déficits en los últimos años; pero luego, el Gobierno regional correspondiente ha resuelto el problema limpiando las cuentas con cargo al presupuesto.
Ahora, con los recortes y el mayor control impuesto por el Ejecutivo del PP, recurrir a la caja pública no es tan fácil, por lo que numerosas empresas públicas están abocadas a la quiebra y el cierre. El compromiso de las comunidades con Hacienda es dejar las 2.290 sociedades actualmente existentes en 1.845 a lo largo del año. Esto quiere decir que unos 450 tendrán que echar la persiana. Este proceso no será sencillo, muchas tendrán que acudir a "un largo proceso de liquidación de sus deudas" y habrá muchos perjudicados que, como en el caso de un concurso de acreedores privado, acudirán a ver lo que pueden salvar de lo adeudado (esta situación será especialmente complicada para los proveedores, que nunca pensaron que una entidad pública podría no pagar).
Los datos
Esta situación no es fruto de la crisis ni un resultado de unos malos meses. Las administraciones públicas han recurrido a menudo a estos entes con el objetivo de aumentar su presencia en la actividad económica (aunque sea a costa de subvención), ampliar el clientelismo (con procesos de contratación mucho más laxos que en las oposiciones públicas) y eludir el control de los órganos de control administrativo.
De hecho, como explica Raúl Herrera, responsable de Derecho Procesal y Administración de Justicia de Russell Bedford, "los techos de gasto exigidos a las autonomías han tenido un efecto no deseado, ya que, para eludirlos, las comunidades aumentaron en 5.400 millones de euros la deuda de sus empresas públicas entre 2008 y el tercer trimestre de 2011, lo que ha incrementado de forma exponencial su endeudamiento total, entrando en una situación de insolvencia y quiebra financiera".
Según el Banco de España, la deuda de las empresas públicas ha pasado de 32.964 millones en 2007 (un 3,1% del PIB) a más de 57.100 millones (5,3%) en el tercer trimestre de 2011 (último dato disponible). La administración central es la principal culpable, con 32.000 millones, de los que 26.000 millones se reparten entre Renfe, Adif y Aena (tres entes, por otro lado, fácilmente privatizables y que podrían generar ingresos si fuera necesario).
Pero han sido los gobiernos regionales los que han multiplicado el número de entidades públicas en la última década, dedicadas a todo tipo de menesteres. En estos momentos, existen 2.290 empresas y fundaciones públicas, que deben 15.495 millones de euros. Cataluña acumula una quinta parte de los entes (454) y la mitad de su deuda (7.824).
Son los directivos de estos 2.300 chiringuitos, muchos de ellos de difícil justificación, los que pueden verse amenazados en el nuevo panorama. Hasta ahora, su posición parecía sencilla: nombrados a dedo, con presupuesto público y respaldo político casi para lo que quisieran. A partir de ahora, podrían comenzar las complicaciones.