La Fundación Civil, la Plataforma Tercera Urna y las asociaciones Hazte Oír y Sociedad Civil Española han conseguido recoger, en apenas quince días, más de 30.000 firmas de internautas que piden la eliminación del 100% de las subvenciones públicas a partidos políticos, patronal y sindicatos.
En este manifiesto se afirma que cada objetivo de carácter privado -como son el ejercicio de su actividad profesional por parte de partidos, sindicatos y patronal- debe financiarse exclusivamente con recursos privados, con las aportaciones de sus socios o afiliados, pero no por toda la sociedad a cargo de los presupuestos públicos.
La realidad es que partidos políticos, sindicatos y las organizaciones empresariales siguen manteniéndose principalmente de subvenciones estatales ya sea de forma directa o indirecta, algo que se mantiene desde el inicio de la Transición democrática. Los que no se sabe es cuál es la cantidad exacta que reciben de todos los españoles estas asociaciones, debido a la opacidad de sus cuentas y a que cada asociación sigue criterios diferentes en cuanto a la contabilidad.
Los sindicatos y la patronal reciben sus ingresos de varias vías. En primer lugar, están las aportaciones de sus afiliados. La CEOE, por ejemplo, lleva a gala que se financia sólo con las cuotas de sus empresas, algo digno de alabanza. Mientras, las grandes centrales y las organizaciones empresariales sectoriales y territoriales sí acuden a menudo a la financiación pública, ya sea de forma directa (subvenciones) o indirecta (a través de la prestación de servicios como los cursillos del INEM, organización de congresos, publicaciones, etc...)
Los partidos
Pero el caso más alarmante es el de los partidos. El Grupo de Estados contra la Corrupción, un órgano del Consejo de Europa, criticó con dureza a las organizaciones políticas españolas en su último informe, el pasado mes de abril. Los expertos consideraron que España no ha avanzado lo suficiente en la transparencia de las finanzas de sus partidos por la opacidad de sus cuentas.
Subvenciones directas: el Estado otorga a los partidos con representación en el Congreso de los Diputados subvenciones anuales no condicionadas, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, para atender sus gastos de funcionamiento. En el ejercicio 2011, ascendieron a 245 millones de euros.
Tras los resultados del 20N, el PP recibirá más de 6,8 millones de euros en subvenciones por los 246 escaños conseguidos en el Congreso y en el Senado; mientras, el PSOE percibirá más de 3,3 millones de euros por sus 158 diputados y senadores.
La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece que el Estado pagará por cada escaño 21.167,64 euros. El resto de partidos también recibirán su parte del pastel. CIU es el siguiente con 1,4 millones de euros e Izquierda Unida conseguirá 232.844 euros.
Además de éstas subvenciones, el Estado pagará 0,81 euros por cada voto conseguido por las candidaturas al Congreso, cuando alguno de sus miembros haya obtenido un escaño. Hay que sumarte también 0,32 euros por voto que obtenga cada senador y una subvención específica para sufragar el envío de papeletas.
Comunidades autónomas: los partidos políticos con representación en los parlamentos regionales reciben de las comunidades subvenciones anuales no condicionadas con cargo a los Presupuestos autonómicos correspondientes. Dichas subvenciones se distribuirán en función del número de escaños y de votos obtenidos por cada partido político en las últimas elecciones a las Asambleas Legislativas.
Donantes: Además, los partidos también reciben, lógicamente, las donaciones de sus simpatizantes. De hecho, la propuesta de la que hablamos al comienzo del artículo quiere que ésta sea su única fuente de ingresos.
Subvenciones indirectas: Pero todo lo dicho anteriormente sólo cubre una pequeña parte de los ingresos de los partidos. Todas las organizaciones políticas españolas reciben dinero de las administraciones públicas por diferentes vías, mucho menos transparentes y más difíciles de controlar. Por ejemplo, es habitual que los partidos tengan fundaciones, asociaciones, editoriales, centros de pensamiento, etc...
A través de este entramado, forman una enorme estructura que se especializa en la caza de subvenciones públicas. De esta manera, una fundación organiza un congreso o publica un libro que es financiado en gran parte con fondos públicos. El partido se nutre de nuevos ingresos y además puede colocar a unos cuantos simpatizantes o ex altos cargos (una cuestión que no es baladí, especialmente en tiempos de vacas flacas electorales). La cuestión de estas fundaciones fue uno de los aspectos más criticados por el Grupo de Estados contra la Corrupción de la Unión Europea, por la ausencia de información sobre las mismas.
Deudas: Otra cuestión que ha sido muy criticada por las autoridades europeas es la de las deudas de estos con las entidades de crédito. Los partidos se financian con cierta facilidad a través de créditos con la banca; luego, es extrañamente sencillo para estas organizaciones renegociar estos préstamos. De vez en cuando salen a la luz informaciones sobre entidades que han otorgado un trato de favor a éste o aquél partido (no les regalan el dinero, pero sí les refinancian o les otorgan un interés preferencial, etc...). Las cajas de ahorro acumulan numerosas acusaciones en este sentido. Casi nada es ilegal, pero tampoco existe la transparencia debida.
Tribunal de Cuentas: la opacidad total de los políticos en cuanto a su financiación no es nueva. De hecho, el último informe del Tribunal de Cuentas al respecto se publicó en 2010 sobre las cuentas de ¡2006! El organismo fiscalizador alertaba acerca de innumerables errores, inexactitudes, extrañas prácticas contables y falta de control. De hecho, este Tribunal se ha quejado en diversas ocasiones de no recibir información suficiente sobre los ingresos de los partidos.
El 20%: en el Consejo de Ministros que aprobó la subida de impuestos, Soraya Sáenz de Santamaría anunció la intención de su Ejecutivo de rebajar un 20% los fondos dedicados al mantenimiento de los partidos políticos, sindicatos, patronal y organizaciones empresariales, lo que supondría un ahorro total de 85 millones de euros. Este recorte sólo toca la partida directa a cargo de los PGE, pero no se dijo nada acerca del resto de cuestiones tratadas en este artículo. Por eso, quizás, hubo tan pocas reacciones al anuncio. Evidentemente, aclarar las cuentas de las organizaciones políticas es mucho más complicado. En teoría, son los propios partidos los encargados de controlarse a sí mismos y los que podrían aprobar normas para aumentar el control de sus finanzas. Hasta ahora no lo han hecho, ¿servirá la crisis para mejorar también en este aspecto?