Mariano Rajoy presentará el lunes, en el seno del Consejo Europeo, el anteproyecto de la ley de estabilidad presupuestaria como el ejemplo más fehaciente de que España, no sólo es que cumpla sus compromisos, es que ya está subida en la locomotora comunitaria. Una reforma estructural de “primer orden” que, en opinión del Gobierno, convierte al país en “pionero” y “referente” ya que se adelanta a los acontecimientos, como ya ocurrió incluyendo el compromiso del déficit en la Constitución.
En la carta de presentación del presidente en Bruselas, además, el ajuste presupuestario de 15.000 millones de euros ya acometido, el acuerdo de rentas alcanzado por los agentes sociales -que el Ejecutivo considera clave- y el calendario del resto de reformas, destacando la laboral y la del sistema financiero. Un batallón de medidas que permite hablar a la administración de buenos augurios, de unas perspectivas “completamente diferentes, mejores” a las de la anterior cita europea, la última de José Luis Rodríguez Zapatero.
Ahora bien, el cumplimiento del nuevo anteproyecto de ley tiene también una lectura muy importante en clave nacional. De puertas para adentro. Yendo a lo básico, las comunidades y ayuntamientos deberán de aprobar techos de gasto y, de no cumplirlos, se ejecutarán severas sanciones. De hecho, las administraciones que no corrijan la desviación del déficit en un plazo de seis meses serán multadas con una sanción del 02,% de su PIB nominal. Así lo advirtió el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, que compartió mesa tras el Consejo de Ministros con la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Industria, José Manuel Soria.
Un extremo que se antoja harto complicado en territorios como Andalucía, cuyo déficit real podría alcanzar el 3%, pese a que la previsión oficial es del 1,3%. Para aclarar la cifra, el propio Montoro se reunirá la próxima semana con los consejeros de Hacienda y Economía de la región, a petición del Gobierno autonómico. Ahora bien, Sáenz de Santamaría volvió a insistir en la “preocupación” existente por el maquillaje oficial, que este jueves quedó nuevamente en evidencia con rectificación incluida.
De “poco serio” tachó Montoro las correcciones en Andalucía, recalcando que es la propia Junta la que “está perjudicando la imagen de Andalucía”. “Hay motivos para la preocupación”, sentenció la portavoz, que reclamó formalmente “mayor seriedad” en el tratamiento de asuntos tan delicados.
Si Andalucía, o cualquier otra región, no cumple, tendrán que realizar un depósito por el importe anteriormente citado que, transcurridos seis meses y si persiste el incumplieminto, se convertirá en multa. Pasados nueve meses, si el déficit sigue sin ser corregido, una delegación del Gobierno Central se trasladará a la comunidad en rojo para valorar la situación financiera de la misma. La denominada visita no agradable por parte del Gobierno, que no es otra cosa que “una intervención”.
La idea esencial es poner orden en casa para evitar posibles correctivos. Tener todas las cuentas claras, los cajones revisados, la información lista, para luego entrar en debate clave para España, como es la revisión del techo déficit público patrio, que Bruselas mantiene en el 4,4% y el Gobierno pretende que se revise. Y de ahí que el presidente le de una importancia cardinal a la norma este viernes aprobada.
“Tenemos que fortalecer la confianza y los compromisos de España con la Unión Europea” así como “las condiciones para generar crecimiento”, se justificó Montoro, encargado de aportar la letra pequeña. Y en ella también se deja claro que, a pesar de esa intervención, el plan pasa por no interferir en la autonomía de las regiones, tal y como se comprometió en su reunión con los consejeros. Al hilo, lo que sí que exigió es lealtad institucional.
Rajoy cree que con este paso decisivo podrá plantear en Bruselas que la estabilidad presupuestaria y la flexibilidad económica ya están en marcha. Si a ello une que la UE actualice las previsiones económicas del país, con el dato del 8% del déficit y los informes de Banco de España y FMI, el presidente considera que será entonces el momento de plantear en serio la modificación del 4,4 sin que ello suponga una perturbación en los mercados y la prima de riesgo. Los Presupuestos Generales del Estado estarán listos para marzo.