En su discurso de balance de investidura, José Antonio Griñán ha blasonado de la gestión de su gobierno en la lucha contra la crisis. En este apartado concreto de su intervención se atrevió a ofrecer las cifras que acreditan la supuesta efectividad de las medidas instrumentadas a través de la polémica consejería de Empleo, en el ojo del huracán a causa de los fraudes escandalosos cometidos con los fondos de los ERE.
En total, según el presidente andaluz, la Junta ha gastado 14.000 millones de euros en subvenciones para el mantenimiento de los puestos de trabajo en peligro. Gracias a este monstruoso esfuerzo presupuestario la Junta asegura haber salvado unos 200.000 empleos, por lo que la conclusión es evidente: cada puesto de trabajo supuestamente "salvado" por Griñán y sus responsables de empleo, varios de ellos procesados por la Justicia, le ha costado a los contribuyentes andaluces nada menos que 70.000 euros.
Estos setenta mil euros de dinero público gastados a lo largo de la legislatura por cada puesto de trabajo cuya desaparición se ha evitado suponen un gasto anual de 17.500 euros por trabajador amenazado. Por tanto, si Griñán les hubiera puesto a esos mismos 200.000 trabajadores un salario mensual de 1.250 euros en catorce pagas, abonado directamente por la Junta, el resultado hubiera sido exactamente el mismo.
La cuestión es, por tanto, qué se ha hecho con todo el dinero invertido para "salvar" esos 200.000 empleos, puesto que las empresas beneficiarias han seguido desarrollando su actividad industrial o comercial con la participación de unos trabajadores cuyos sueldos, como hemos visto, han sido prácticamente financiados en su totalidad por la Junta de Andalucía en estos cuatro últimos años.
A pesar de lo escalofriante de este despilfarro Griñán presumió de austeridad en el manejo de las cuentas públicas andaluzas, llegando a afirmar que "si las demás regiones hubieran seguido este ejemplo, España tendría hoy 18.000 millones de euros menos de endeudamiento".