La realidad de nuestro mercado laboral se admite como uno de los causantes de la actual crisis económica. Poco a poco, la insistencia de los economistas parece haber conseguido que se comprendan cuatro cosas: que el actual sistema de convenios colectivos es una de las causas de la crisis, por lo que su reforma debe situarse en uno de los primeros lugares para la recuperación de la actividad económica; el segundo, que es intolerable que en el país existan más de 5 millones de desempleados, con toda su cohorte de economía sumergida, de economía criminal y de desesperación; la tercera, que el sistema de reparto para la financiación de las pensiones, había concluido sus posibilidades, porque las pensiones crecieron en España a paso de carga, mientras que recaudación, con la crisis golpeando la tesorería de las empresas, señala que, se quiera o no, nos encontramos en las postrimerías de este sistema, y que hora es ya de pensar, de nuevo, en sustituirlo por uno de capitalización; el cuarto que el unir los salarios, no a la productividad, sino al índice del coste de la vida, genera tres consecuencias: caída en la competitividad; tensiones inflacionistas y desempleo.
El Gobierno Rajoy lleva escasos días en el poder. Pero ya se observan cambios importantes en casi todos los ministerios. Pero hay que confesar que en uno de los más destacados comienzan a marcarse direcciones adecuadas. En este caso, la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, sin provocar prácticamente protestas de alguna notoriedad, ha dado dos pasos muy importantes. Uno, de modo coactivo: la congelación del salario mínimo. Se había convertido éste en un impulsor de otras alzas salariales, y al fijarlo, desde aquella decisión del ministro Romeo de situarlo en 60 pesetas, no ha cesado de incrementarse, provocando trastornos inmediatos, como Pigou ya había advertido, en los índices de precios y en el en empleo.
De ahí que el bloqueo del salario mínimo haya sido recibido con auténtico alborozo por quienes contemplan con agobio la posible evolución de nuestra economía, al constituir la base de un impulso alcista general de las remuneraciones, sin tener para nada en cuenta la cuestión de la productividad.
La segunda decisión está en la escuálida posibilidad de incrementar los salarios todos, en porcentajes muy por debajo de la subida soportada del IPC. Esta medida, que fue una de las clave del Pacto de la Moncloa, alivia de tal modo los costes empresariales que constituye una pieza esencial ya de nuestra salida de la crisis. Por supuesto que Fátima Báñez ha avalado algo que se comenzó a cocinar en las reuniones de la CEOE con las dos principales centrales sindicales, UGT y CC OO. Pero el impulso soberano de ese posible Bellido que es Rosell, todos sabemos que se encuentra en el Ministerio de Trabajo, y en concreto, en la ministra Fátima Báñez.
Se han puesto muchos puntos de apoyo que indican que se comienza a crecer por nuevos caminos en lo económico, ante el Gobierno Rajoy, desde la subida del IRPF a la toma de posición en relación con la central de Garoña. Pero esta política de la ministra Báñez no es, ni de lejos, de las menos esenciales en este sentido.