Hoy ha comparecido, por vez primera, el telegénico ministro José Manuel Soria ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo para informar sobre las líneas generales de la política de su cartera. Y lo hace pocos días después de haberse publicado el Real Decreto Ley que siega de un plumazo las primas a la producción eléctrica proveniente de las energías del régimen especial (renovables, cogeneración y residuos). Su comparecencia ha dejado tres puntos de especial relevancia en lo concerniente a la energía nuclear, al carbón y al petróleo.

 

Soria ha declarado que la "evidencia empírica" demuestra que la decisión acerca de solicitar un informe al Consejo de Seguridad Nuclear sobre la continuidad de la central nuclear de Santa María de Garoña "va en la buena dirección". De las ambiguas palabras del ministro se deduce la voluntad del ejecutivo de apostar por una extensión de vida de las plantas nucleares españolas, lo cual es una gran noticia para la competitividad de nuestra economía, la creación de empleo y el medioambiente debido al bajo coste de producción de la tecnología nuclear, sin duda una de las más baratas y respetuosas con el medioambiente.

 

También aprovechó para agradecer al anterior ministro el "haberle dejado todo preparado" en el caso del ATC, demostrando que Sebastián era sistemáticamente ninguneado en todos los consejos de ministros de la era zapateril, incapaz de llevar adelante ningún proyecto que no fuera regalar bombillas y cuyos desmanes nos cuestan a los españoles millones de euros como concepto de custodia de parte de nuestros residuos.

 

Otro de los titulares que nos deja Soria concierne a la pretensión del ejecutivo de dar luz verde, finalmente, a la explotación de las reservas petrolíferas presentes cerca del archipiélago canario. Se retoma, de este modo, un proyecto que estaba listo para comenzar allá por 2004 cuando el último gobierno de Aznar tenía ya preparado un Real Decreto al respecto. La llegada a Moncloa de Rodríguez Zapatero dio al traste con las esperanzas de las petroleras españolas mientras se decidía, en virtud de la "alianza de civilizaciones", que era mejor financiar con nuestro dinero a dictadores despóticos venezolanos o iraníes que explotar nuestras propias reservas de crudo.

 

Por último, Soria ha declarado que el cierre de las minas de carbón nacional "se debe evitar a toda costa". Estas declaraciones denotan la falta de criterio y ambigüedad del ministro en sus esfuerzos por reducir el déficit de tarifa y conseguir un sistema eléctrico con unos costes totales competitivos. Cuando el ministro dice que algo debe ser evitado a toda costa, lo que en realidad quiere decir es que hay que subvencionarlo. Y las subvenciones se pagan con cargo a impuestos, a deuda pública (y luego impuestos) o con cargo al déficit de tarifa. En cualquiera de los tres casos, mantener operativo un sector absolutamente obsoleto y deficitario, financiado por la totalidad de los españoles es, además de injusto, incompatible con las políticas de ajuste que este ejecutivo presume de desarrollar.

 

Como ciudadano y contribuyente no acepto que se nos suban los impuestos para derrocharlos en sistemas ineficientes. Las subvenciones deben desaparecer del sector energético porque no priman la competencia ni la eficiencia, envían señales equivocadas a los consumidores, desvirtúan el libre funcionamiento del mercado eléctrico y constituyen una intervención, de facto, en el mismo. Además del agravio comparativo que implica haber cerrado el grifo de las subvenciones a las renovables y ahora prorrogar las subvenciones al carbón, en menos de tres días. ¿Por qué a las renovables no y a los mineros sí? ¿Acaso éstos tienen más derechos que aquéllos? No se gobierna a bandazos, señor ministro. ¿O será que en Asturias hay elecciones en dos meses?