Recaudar 8.171 millones de euros en dinero negro y paraísos fiscales. Ése es el objetivo que se ha marcado el nuevo Gobierno con la aprobación del Plan General de Control Tributario para luchar contra la economía sumergida. A principios de enero, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que el plan se publicaría "en breve", y aunque únicamente avanzó las directrices que el Ministerio de Hacienda estudiaba seguir, afirmó que una de las medidas más importantes sería la limitación de los pagos en efectivo.
La iniciativa de limitar el uso de dinero en efectivo en algunas transacciones "tiene como una de sus fuentes de inspiración la legislación que aplican países como Francia e Italia", explicaba Sáenz de Santamaría.
La vicepresidenta subrayó que estos países ya han tomado medidas en la misma dirección, para poner coto al uso de dinero B y a la evasión fiscal. Así, Italia ha restringido a 1.000 euros el tope que se puede abonar en metálico al adquirir productos que sobrepasen cierto nivel de dinero. En Francia existen límites semejantes para las compras o el pago de servicios, y también para el abono de salarios.
Tras el anuncio, las reacciones de los técnicos de Hacienda (Gestha) no se hicieron esperar y recomendaron al Gobierno que el límite se estableciera a partir de los 1.000 euros. Con ello, justifican, se podría recaudar de forma adicional hasta 26.200 millones de euros más.
Será precisamente esta cuantía la que tiene planeado imitar el Ejecutivo. Según informa el diario elEconomista, fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran que el equipo de Montoro estudia limitar el pago en efectivo a determinados colectivos como los autónomos a los 1.000 euros. Para otros colectivos, como las empresas, Hacienda ampliaría esta limitación del pago en metálico hasta los 3.000 euros.
Otra de las medidas que se contempla en el plan es la llamada "autorregulación voluntaria", que facilitará a los contribuyentes la oportunidad de comunicar de forma directa a la administración si existe algún "error" en sus declaraciones, para evitar el inicio de algún tipo de procedimiento sancionador.
También se pretende reforzar la persecución de la evasión utilizando paraísos fiscales. Sáenz de Santamaría subrayó que tendrá "gran importancia" la información de la que se dispone de países como Andorra, Panamá, Bahamas y Antillas Holandesas, que han dejado de figurar como tales paraísos.