El PSOE ya tiene nuevo líder, y con él surgen nuevas propuestas económicas a fin de combatir la crisis. Alfredo Pérez Rubalcaba, elegido secretario general del partido en el Congreso celebrado en Sevilla este fin de semana, pretende recuperar el voto de izquierdas perdido en las pasadas elecciones generales. Y, para ello, lanza varios guiños programáticos al movimiento del 15-M.
Así, entre sus propuestas económicas, destacan las siguientes: elevar, aún más, la tributación a las rentas altas y a los ahorradores; crear un gran banco público para extender el crédito a familias y empresas; aplicar la dación en pago en caso de ejecuciones hipotecarias; y fomentar las energías renovables.
La Comisión de economía y empleo aprobó durante el Congreso socialista la introducción de estas propuestas económicas. El PSOE aceptó una enmienda transaccional en su programa marco para crear una "Institución Financiera Pública del Estado que coordine la acción de organismos como el ICEX, el ICO, el CDTI, etc, para facilitar que el crédito llegue a empresas y familias". De este modo, Rubalcaba aboga por la reinstauración de la banca pública en España, más allá del sustancial crecimiento experimentado estos años por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Asimismo, los socialistas defienden que las entidades financieras que hayan recibido ayudas públicas incorporen "representantes públicos" (políticos) a sus respectivos consejos de administración, además de limitar las remuneraciones de sus directivos, en consonancia con la reforma financiera aprobada el pasado viernes por el PP.
Así pues, ambas medidas financieras se encaminan hacia un mayor control público de las finanzas españolas, superando con creces el modelo de cajas de ahorros, en donde las fuerzas políticas y sindicales han mantenido -y aún mantienen- una presencia sustancial. El PSOE aboga directamente por crear un gran banco público y contar con representantes (voz y voto) en aquellas entidades que hayan recibido ayudas a través del Fondo de Rescate (Frob), sin necesidad de que éstas hayan sido aún nacionalizadas.
Más impuestos
En materia tributaria, el nuevo líder del PSOE defiende aplicar una nueva subida generalizada de impuestos. Entre otras medidas, el Congreso socialista ha aprobado una enmienda transaccional para "equiparar la tributación de todas las rentas". Es decir, introducir una escala como la del IRPF para las rentas de capital, cuyo tipo máximo se sitúa ahora en el 27%. La fiscalidad sobre el ahorro se ha disparado un 80% desde 2006, pero el PSOE aspira a incrementarla aún más, con lo que España se situaría a la cabeza del mundo desarrollado en cuanto a tributación sobre el ahorro.
El PSOE también defiende mantener el Impuesto sobre el Patrimonio, elevar la fiscalidad de las SICAV (sociedades de inversión colectiva), así como revisar "cualquier normativa que favorezca a colectivos de alta remuneración". Este último punto se refiere a la posibilidad de eliminar o limitar las desgravaciones fiscales que aplican las grandes empresas sobre el Impuesto de Sociedades. Por último, los socialistas apuestan por nuevos tributos, tales como una tasa a las entidades financieras, o elevar nuevamente los Impuestos Especiales sobre alcohol y tabaco.
Otra de las ideas propias del 15-M es la dación en pago, es decir, que la entrega de la vivienda salde la deuda hipotecaria. El PSOE se compromete a "estudiar la dación en pago para nuevas hipotecas a fin de permitir a las familias adoptar dicha opción si así lo desean", descartando su aplicación con carácter retroactivo, dada la inseguridad jurídica que generaría sobre el sector financiero.
En materia energética, el partido de Rubalcaba apuesta firmemente por impulsar las energías renovables, rechazando la moratoria a las primas verdes aprobada por el Gobierno. Además, reafirma su compromiso de cerrar "todo el parque nuclear en 2028" y mantener las subvenciones públicas al sector del carbón nacional.
Por último, y ante la perspectiva de que el Ejecutivo popular tumbe algunas de los preceptos más polémicos de la Ley de Costas, el PSOE se compromete "al mantenimiento de la Costa como bien público, evitando cualquier intento de privatización". Es decir, aboga por mantener las actuales restricciones urbanísticas y comerciales vigentes en el litoral español, pese a las numerosas denuncias de expropiaciones forzosas por parte de los propietarios de viviendas costeras y las quejas de los hosteleros por impedirles desarrollar su negocio cerca de las playas.