Curiosas, muy curiosas, son las posturas tomadas y los argumentos utilizados sobre el proyecto del estadounidense Sheldon Adelson para construir a las afueras de Madrid, o de Barcelona, una "ciudad" al estilo de Las Vegas. Las cifras manejadas sobre la inversión marean y los efectos económicos anunciados seducen. La empresa de Adelson invertiría de15.000 a 18.800 millones de euros en diez años, pero con una inyección inicial de 6.700 millones en los cuatro primeros, y sus representantes aseguran que se crearían 164.000 empleos directos y otros 97.000 indirectos. Sorprendente es la precisión de estas últimas cifras habiendo tantas incertidumbres económicas por delante. Cabe además desconfiar de que las inversiones se completen como dicen los promotores porque el proyecto consiste en construir primero un casino y, con el dinero que genere, ir levantando poco a poco un gigantesco complejo que, concluido, contaría con doce hoteles, seis casinos, nueve teatros, tres campos de golf, un gran centro de convenciones y congresos, además de galerías comerciales, restaurantes e instalaciones deportivas y de ocio.
Imaginemos que todo ello concluye con éxito y que se crean tantos puestos de trabajo como para reducir a casi la mitad el paro que sufre la región madrileña. No obstante, algunos agoreros que rechazan Eurovegas plantean nuevas críticas, basadas en las condiciones que pone el inversor en cuestiones laborales e impositivas. El multimillonario exige, por ejemplo, que se negocien directamente con los empleados las condiciones de trabajo al margen de los rígidos convenios colectivos, se aceleren y faciliten los permisos de trabajo y residencia a los extranjeros contratados, se reduzcan las cuotas a la Seguridad Social, se eliminen los aranceles para la importación de productos, se simplifiquen trámites aduaneros, se les devuelva mensualmente el IVA a las empresas creadas, que los clientes no comunitarios queden exentos de este impuesto, y que se reduzcan las tasas de juego y otras muchas cargas impositivas estatales, autonómicos y municipales.
Parecen reclamaciones muy razonables que lógicamente han despertado el rechazo de la izquierda y también de algunos responsables del PP, como el ministro Cristóbal Montoso, quien ha calificado de inaceptable Eurovegas porque supondría crear "un paraíso fiscal". Es llamativo, sin embargo, que pocos se hayan opuesto a otras peticiones de Adelson mucho más cuestionables dado que atentan a la libre competencia, como es que se le otorgue un periodo de exclusividad de diez años en el negocio del juego o que se le concedan licencias sin concurso. Es también discutible que pretenda legalizar a los junkets, profesionales dedicados a captar jugadores VIP a los que, a cambio de una comisión, financian sus apuestas y se ocupan de cobrar las deudas. Ello supondría modificar la Ley del Juego de la Comunidad de Madrid puesto que esta norma prohíbe jugar a crédito, y también reformar la Ley estatal de Enjuiciamiento Civil en lo que afecta a la ejecución de deudas de juego.
Pero lo más curioso es que casi nadie haya cuestionado la viabilidad del proyecto, no para Adelson, sino para una economía tan maltrecha como la nuestra que necesita realizar un draconiano ajuste fiscal. No se han publicado datos sobre qué supondría el gasto público que requiere el proyecto pero debe ser cuantioso ya que Adelson condiciona la inversión a que Eurovegas cuente con metro, autobuses urbanos y tren de cercanías, conexión con el aeropuerto y con el AVE, múltiples accesos por carreteras, infraestructuras de gas, agua y electricidad enterradas, cesión de todo el suelo urbano necesario, expropiación de suelo privado y de instalaciones ya construidas, subvenciones en formación y por creación de empleo, y que el Estado garantice un préstamo de 25 millones de euros por parte del Banco Europeo de Inversiones. Aunque participe la iniciativa privada en algunas de estas actuaciones, parece difícil que un gasto así tenga un retorno positivo para los que realmente lo financian, los contribuyentes. Cabe temer, como en la mayoría de los casos en que el gasto público financia iniciativas privadas, que supondrá una transferencia de rentas, en este caso desde los contribuyentes a la empresa de Adelson. Además, dada los grandes beneficios fiscales que disfrutaría el magnate norteamericano, el retorno en forma de ingresos tributarios debe ser mínimo con relación al gasto público requerido.
Se podría tener presente otra forma de retorno hacia la sociedad cuando se trata de de proyectos parcialmente financiados por el Estado y, efectivamente, en esto se basa lo que la teoría económica llama política industrial activa. Cuando a principios del siglo pasado la actividad productiva estaba muy centrada en este sector, Alfred Marshall defendía que la intervención política incentivara la concentración de varias empresas del mismo sector. Se produciría sinergias entre ellas y reducción de costes pero hoy en día este tipo de políticas solamente se considera justificables para la puesta en marcha de grandes plantas industriales que son casi imposible de construir sin el apoyo e implicación de los poderes públicos dadas las trabas administrativas, la escasez de suelo industrial y las necesidades de infraestructuras urbanísticas. Además, estas instalaciones basadas en economía de escala con alto contenido tecnológico generan beneficios no planificados a terceros que repercuten en la sociedad. Es lo que se llaman externalidades positivas, como es la difusión de conocimientos y la formación de trabajadores que tienden a crear pronto sus propias empresas, lo que sucede en enclaves industriales de alta tecnología como el Silicon Valley. En estos casos, el beneficio marginal social supera al beneficio marginal privado.
Pero puede suceder lo contrario puesto que también existen externalidades negativas y es de temer que Eurovegas las genere en abundancia. Si la actividad del juego sigue estando muy regulada e intervenida, unos casinos excepcionalmente permitidos y respaldados por la administración pueden incentivar la aparición de corrupción para conseguir la concesión de otras licencias. En suma, Adelson sería el principal beneficiado de la inversión pública y no devolverá a la sociedad lo que ésta le aporta vía impuestos. Y posiblemente también su mujer, una psiquiatra especializada en ludopatía.