Setenta y siete días con sus setenta y siete noches han aguantado estoicamente los sindicatos de izquierdas antes de convocarle a Rajoy su primera huelga general. La paciencia sindical se ha colmado en tan breve espacio de tiempo como consecuencia de que el gobierno se ha atrevido a intentar poner remedio a la catástrofe laboral heredada de la izquierda y, además, a hacerlo sin pedir permiso a las dos centrales sindicales aproximadamente mayoritarias, rompiendo una tradición española inveterada en virtud de la cual, UGT y CCOO son las corporaciones que deciden sobre la legislación laboral en nuestro país, que después el parlamento simplemente sanciona con el voto cautivo de sus diputados.
Entre las muchas contradicciones de los sindicatos de izquierdas, destaca el hecho de que se convoque un paro masivo laboral precisamente cuando hay menos gente trabajando. Técnicamente, la huelga consiste en que los empleados no acuden a su puesto de trabajo, derecho imposible de ejercer por los más de cinco millones de españoles que abarrotan actualmente las oficinas de empleo, gracias sobre todo a un gobierno socialista con el que los dos principales sindicatos convocantes comparten ideología.
La reforma laboral aprobada por el gobierno busca remediar en parte la catástrofe heredada y eso es algo que los pretendidos representantes de los trabajadores deberían apoyar si fueran sinceros. Pero resulta que junto a las medidas que flexibilizan nuestro esclerótico sistema laboral, la reforma de Rajoy incluye ciertas modificaciones destinadas a disminuir la capacidad de los sindicatos de ordenar a su criterio el régimen de relaciones laborales, y eso es algo que ni UGT ni CCOO pueden aceptar por las buenas ante el riesgo de que se diluya la hiperlegitimidad que ellos mismos se han autoasignado.
Los dos grandes sindicatos gozan de una hegemonía artificial que, aunque el conteo de representantes en los sectores profesionales la desmiente por completo, les ha servido durante más de treinta años para manejar el cotarro y trincar abundantes subvenciones.
El día 29 de marzo saldrán a la calle a protestar, no contra las abrumadoras cifras del paro en España, que eso les tiene sin cuidado como hemos visto en los últimos años, sino contra el atrevimiento de un gobierno que ha decidido que la voz de Méndez y Toxo no es más que una más de las muchas que pontifican desde la izquierda sobre cómo ha de conducirse el país en términos políticos, sociales, económicos y, eventualmente, laborales.
Ven que están a punto de ser colocados en el lugar que realmente les corresponde y eso les tiene aterrorizados. De su capacidad para timar a los trabajadores españoles el próximo día 29 va a depender no la paralización de la reforma laboral, sino su propio futuro como sindicatos hegemónicos. Ese día España no se juega nada. Ellos todo. Allá con su responsabilidad los que decidan seguirles el juego.