¿Cuánto le cuestan a la economía española las ineficiencias de la administración de justicia? Aunque pocas veces se habla de ello, el impacto de las decisiones de tribunales y juzgados en la vida económica de un país es muy elevado. El derecho puede resultar muy caro si no se aplica bien, si está mal planteado o si, directamente, no se ejecutan las sentencias dictadas.
En la primera página del último libro de Francisco Cabrillo y Sean Fitzpatrick, La economía de la administración de justicia, presentado este lunes en la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se asegura que "el papel que cumplen las instituciones jurídicas en el desarrollo económico es un requisito fundamental para el funcionamiento de la economía de mercado". Los autores señalan que "si no se garantizara el cumplimiento de los pactos y las normas jurídicas, se producirían consecuencias muy negativas desde el punto de vista económico". Está claro que si no se protege la propiedad privada y se asegura el correcto funcionamiento de los mercados, es complicado que se desarrolle una economía.
Por eso, se dedican a analizar a lo largo de todo el volumen las características que debe tener una buena administración de justicia. El problema es que muchas de las estadísticas publicadas en los últimos años sobre el sistema español parecen ir en la dirección opuesta a la planeada por el presidente de Libertad Digital y consultor del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid.
Retrasos: 3 millones de asuntos
Una de las cuestiones más recurrentes cuando se habla de la mala calidad de la justicia es la de los retrasos. Una sentencia que llegue diez años después de iniciado el caso difícilmente podrá ser justa. Desde el punto de vista económico es fácil imaginar cómo le afecta a una empresa inmersa en un procedimiento judicial no tener una resolución definitiva durante años. Incluso aunque al final le den la razón, puede que piense que no mereció la pena acudir a los tribunales.
De esta manera, las preguntas pertinentes versarían sobre la forma de controlar el alargamiento artificial de los procesos, que muchos litigantes utilizan para aprovecharse de forma torticera del sistema. Hasta ahora, el estamento judicial ha insistido más "en la exactitud que en los costes". De esta manera, como puede verse en el siguiente gráfico, el número de asuntos en trámite al final del año en todas las jurisdicciones se ha disparado desde 2005, y ya suman más de 3 millones. Esto quiere decir que millones de españoles tienen pendiente algún juicio en este momento, del que no saben su resultado, con la incertidumbre sobre sus vidas y haciendas que esto genera.
Fuente: Consejo General del Poder Judicial
Por ejemplo, en España, "los procedimientos de menor cuantía, que no deberían durar más de 100 días de acuerdo con los plazos legalmente establecidos, duran de media 436 días". Al mismo tiempo, "los procedimientos de ejecución de las sentencias requieren una media de 9,16 meses". Es decir, que desde que a uno le dan la razón, pasa casi un año de media hasta que se aplica finalmente la resolución judicial.
Los costes del sistema
Una administración de justicia mal diseñada genera, fundamentalmente, tres tipos de costes sobre la economía. En primer lugar, están los asociados a la incertidumbre. Los excesos legislativos tienen como derivada un aumento de las dudas de los agentes acerca del resultado del litigio. No es sólo que se tarde mucho en tener una solución, sino que en muchas ocasiones los implicados desconocen incluso la totalidad de las leyes a aplicar. Esto también afecta a los jueces, mucho más proclives a equivocarse en estas ocasiones.
Tal y como este lunes reclamaba Fitzpatrick, "simplificar el derecho" tiene un doble efecto positivo. Por un lado, se reduce el número de pleitos; y por otro, se resuelven antes los que llegan a los tribunales. Desgraciadamente, tampoco en esto el camino que ha tomado España parece el adecuado. Desde finales de los años 70, el número de páginas aprobadas en los diferentes boletines oficiales de las autonomías y el Estado se ha multiplicado exponencialmente, generando un caos legislativo en el que ni el más experto abogado es capaz de manejarse con soltura (ver gráfico, fuente Fedea).
Incentivos
Todo lo dicho hasta ahora planea sobre la cuestión de los incentivos de los agentes que participan en el sistema. El libro de Cabrillo y Fitzpatrick basa su investigación precisamente en este aspecto. Es una herramienta muy usada por los economistas y que podría ofrecer mucha luz a la hora de mejorar la administración de justicia.
¿Cómo empujar a los jueces a que desarrollen su labor de forma más eficiente? ¿Hay alguna manera de distribuir su sueldo o de introducir incentivos en su remuneración? ¿Habría que premiar a los jueces a los que menos sentencias se les recurrieran? ¿O quizás a los que menos cambiasen sus resoluciones en tribunales superiores?
Por ejemplo, en la cuestión de los retrasos judiciales es fundamental el papel de abogados y clientes, que alargan artificialmente los procesos, sin ningún coste añadido, con el único objetivo de retrasar la aplicación de la pena o con la esperanza de que un juez más benévolo cambie la resolución ya emitida. Una posible solución estaría en la introducción de tasas por el uso de la administración de justicia, que no supongan una barrera para que alguien de escasos recursos pueda defender sus derechos, pero sí eviten el recurso dilatorio.