El informe elaborado por el Ministerio de Hacienda y Presidencia deja en evidencia en qué se había convertido en los últimos años el Sector Público Empresarial y Fundacional Estatal, que este viernes sufrió el primer recorte serio por parte del Ejecutivo. Las conclusiones, a las que tuvo acceso este diario, descubren cómo "en los últimos años" -en referencia a las dos legislaturas en las que gobernó el PSOE- este tipo de entes se habían convertido en "instrumentos no a favor del interés general, sino de tan solo unos pocos", en voz de un miembro del Consejo de Ministros.
En concreto, el Gobierno constató que la maraña pública se utilizaba para "huir del derecho administrativo", entendiendo como tal los "controles presupuestarios, del gasto, del régimen patrimonial y contratación y, especialmente, del régimen retributivo-funcionarial". Además, se creaban entidades "con finalidad inversora para evitar el cómputo como déficit público de dichas inversiones". Y, para rematar, se hizo cotidiano "la proliferación de filiales sin una clara justificación jurídico-mercantil".
Así consta en los documentos del Ejecutivo, llevados al Consejo de Ministros, y que retratan con una serie de vergonzosos ejemplos en qué se había convertido la empresa pública. "Barra libre", según un ministro. Frente a ello, "austeridad, eficiencia, economía y estabilidad presupuestaria", recetó Soraya Sáenz de Santamaría, muy implicada en que lo público vuelva a convertirse en ejemplo de buen hacer ante los ciudadanos.
Las propuestas de actuación aprobadas en el Consejo se dividen a corto y largo plazo, con independencia de nuevos planes cuyo calendario no fue desvelado. Lo inmediato es la reducción del número de Sociedades Mercantiles Estatales (con participación del Estado en más de un 50%), el traspaso de la titularidad de determinadas participaciones accionariales dentro del Sector Público Empresarial (por ejemplo, la Sociedad de Correos pasa ahora a SEPI), la reducción de gastos (como ser muy estrictos con los viajes u otros bienes y servicios) y la desinversión en Sociedades Mercantiles con participación pública minoritaria.
Puestos los titulares encima de la mesa, la letra pequeña deja una poda en los siguientes términos:
- La extinción de 24 Sociedades (el 17% del total). Por importancia, caben destacar la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), Ingeniería y Servicios Aeroespaciales (INSA), Remolques Marítimos, SA (Remolcar) o la Sociedad de Venta de Loterías (SEVALAE).
- La desinversión en 8 sociedades (6%). Entre ellas se encuentran Olimpia Moll, Cytasa o Portel Servicios Telemáticos.
- La agilización de la liquidación en 13 sociedades (9%). Aquí se incluyen, por ejemplo, Barcelona Holding Olímpico o Izar.
En total, las operaciones planteadas, y aprobadas por el Consejo de Ministros, afectan a 45 sociedades Mercantiles Estatales, lo que supone el 32% del cómputo total. Además, se prevé la desinversión de participaciones minoritarias en otras 35 sociedades mercantiles. "Se va a producir la desinversión o agilización de la liquidación en 80 sociedades", resumió Sáenz de Santamaría resumió, en la rueda de prensa posterior.
A partir de ahora, los Consejos de Administración de las Sociedades afectadas deberán de aprobar un plan de redimensionamiento, si bien la vicepresidenta primera aportó algunos datos que dejan entrever el escándalo político-empresarial: "En algunos casos había más miembros del Consejo de Administración que personal", expuso. Traducido: más presidentes y directivos que "personal que prestara servicios de verdad", en voz de Sáenz de Santamaría.
En este sentido, dio una cifra que ilustra esta realidad oculta hasta la fecha: gracias al plan aprobado quedarán fuera 154 consejeros que, solo en dietas, cobraban más de un millón de euros al año. Y ello sin entrar en los sueldos, extremo del que aún no hay datos oficiales. Tampoco un balance económico global. Se trata de "poner orden en esta casa" y "mirar hasta el mínimo euro porque es nuestra obligación", se afanó en explicar la portavoz del Gobierno.
Algunos de los ejemplos más llamativos, y que seguían recibiendo aportación del Ejecutivo son los siguientes:
- Carmen, la comida de España 1992. sociedad anónima. "Era una empresa destinada a fomentar la comida española, la tortilla", expuso la propia Sáenz de Santamaría.
- Quinto Centenario y Barcelona Holding Olímpico.
- Inmobiliarias como IMPROSA, S.A, INFEH, S.A o parques comerciales con Las Salinas, S.A.
- AEC (Sociedad de Altos Hornos ENSIDESA Capital)
- Política hidráulica. ACUANORTE (Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas del Norte) y ACUASUR (Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas del Sur).
Ahora, serán los diferentes ministerios los que coordinarán la ejecución del plan, según se concretó en la reunión a puerta cerrada. Ya en las propuestas planteadas a largo plazo, el Consejo de Ministros también aprobó la creación de un grupo de trabajo para, por ejemplo, concretar la totalidad de participaciones empresariales dependientes de Hacienda y Administraciones Públicas en un solo órgano o entidad. Además, se estudiará la transformación de sociedades mercantiles a otra forma jurídica más adecuada a la naturaleza de sus funciones.
Capítulo aparte habría que dedicar a la reducción del número de fundaciones, que también vieron luz verde por parte del Ejecutivo. En total nueve sufrieron extinción o fusión con otras parecidas, destacando las fundaciones de SEPI, EFE, Transporte y Formación o la Fundación para la proyección internacional de las universidades españolas.
Mensaje a las comunidades y ayuntamientos
Para el Ejecutivo, este plan de reestructuración servirá de estímulo para actuaciones similares en el ámbito de las comunidades autónomas y las corporaciones locales, punto clave para una tijera real de toda la maraña administrativa. Así lo admitió la propia vicepresidenta, que acotó este proyecto al ámbito exclusivo del Gobierno central. Ahora son ellas "las que se tienen que poner manos a la obra", destacan las fuentes consultadas.
El Gobierno ya trabaja para que comunidades y consistorios se pongan las pilas, más aún a tenor de que la mayoría son del PP y estos se comprometieron a cumplir en este sentido en un documento aprobado antes de las elecciones. "esta casa quedará ordenada", se comprometió Sáenz de Santamaría.