De entre todo el despilfarro que Rajoy ha decidido mantener, aun a costa de incumplir con sus electores tanto en el ritmo de reducción del déficit como en su promesa de no subir los impuestos, quizás sean las multimillonarias subvenciones a los sindicatos y a la patronal el dispendio más hiriente y estúpidamente suicida. No digo yo que no lo sea también el multimillonario derroche que suponen las transferencias a la televisión pública –donde, por cierto, tan activa permanece la propaganda a favor del PSOE-; o los miles de millones a la llamada ayuda al desarrollo, o cualquiera de las superfluas partidas cuya supresión, en conjunto, hubiera permitido afrontar el déficit supuestamente imprevisto que habían dejado, además de los socialistas, no pocos gobernantes manirrotos, locales y autonómicos, del PP.
Sin embargo, la decisión del Ejecutivo de Rajoy de mantener el 80 por ciento de las subvenciones directas y el 100% de las indirectas a los sindicatos se lleva la palma. Y se lo lleva hasta el extremo de evocarme aquella frase atribuida a Lenin que decía que "estos burgueses nos venderán la soga con la que les ahorcaremos". La diferencia está, naturalmente, en que Lenin en esto de ahorcar a los adversarios se lo tomaba, el hombre, muy al pie de la letra, mientras que los sindicatos -sin negarles sus pulsiones violentas-, no llegan ni mucho menos a tanto.
Con todo, qué duda cabe que las subvenciones a los sindicatos forman parte de ese gasto público que está asfixiando a los ciudadanos en forma de mayores impuestos y endeudamiento. Y qué duda cabe, también, que, sin esas mordidas al contribuyente, los sindicatos lo tendrían infinitamente más difícil para tratar de estrangular políticamente a un gobierno en lo poco que ha hecho positivo, como es su reforma laboral.
Se dice, y con toda la razón, que, entre las muchísimas cosas que Rajoy debería haber hecho nada más llegar al gobierno, está una Ley que regule el derecho de Huelga. Pues bien: Tanto o más urgente era erradicar esas subvenciones que tanto facilitan a los sindicatos su tarea de violar, mediante la huelga, el derecho al trabajo de los que no la secundan, causar cuantiosas pérdidas económicas a la sociedad que vampirizan o perjudicar políticamente al gobierno que se lo consiente.