El Gobierno de España ha establecido como objetivo central de su política económica en 2012 alcanzar un déficit público para el conjunto de las Administraciones Públicas del 5,8 por ciento en relación al PIB,... corregido recientemente por Bruselas a un 5,3 por ciento. Tras anunciar que el pasado año no habíamos cumplido el objetivo del 6 por ciento, sino que se había acumulado un déficit del 8,51 por ciento, casi 90.000 millones de euros de déficit público, se nos pide un esfuerzo ingente para lograr un recorte de aproximadamente 32.000 millones de euros en el año en curso. Y de mantenerse el objetivo del 3 por ciento el próximo año, supondría otro esfuerzo similar, otros 30.000 millones de euros.
Un esfuerzo de estas características es enorme y, de realizarse, costaría sangre, sudor y lágrimas. Sin embargo, hay poquísimas alternativas, por no decir ninguna. Lamentablemente, alcanzar esos objetivos es absolutamente necesario ya que nuestro país necesita capital extranjero para cubrir sus gastos. La cruda realidad es que dependemos y somos vulnerables a la financiación extranjera, y los mercados no están para seguir financiando déficits exteriores sin la contrapartida de un compromiso sólido y creíble de reducción del déficit público. En esta tarea, el Gobierno ha dejado claro que todas las partidas del gasto público se verán afectadas, con la sola excepción de las pensiones.
Pero el Gobierno no ofrece como prioridad la alternativa de recortar y ahorrar en el gasto superfluo, el ineficiente, el duplicado, y en definitiva en el despilfarro. No lo ofrece porque simplemente las cifras les bailan y atar corto a quien más gasta parece que no es prioritario, al menos hasta la fecha. Sin embargo, recientemente en Sevilla, UPyD presentó el libro realizado por sus grupos de trabajo de Administración Pública y de Economía, y en el que se pone de manifiesto y cuantifica el efecto del derroche y despilfarro.
El Gobierno quiere que las Comunidades Autónomas realicen un esfuerzo fuerte en el año en curso para contener sus déficits, del orden de 15.000 millones de euros. Y como el gasto en sanidad y educación representa aproximadamente el 60 por ciento del presupuesto de las CCAA, el corolario es que tanto la sanidad como la educación tendrán que verse afectadas. Esta es la lógica que se nos presenta.
Pero donde se tiene que marcar una clara línea divisora en el esfuerzo que se nos está pidiendo es entre los ajustes prioritarios y los que no lo son. Los ajustes prioritarios que se deberían implementar antes que cualquier otro, son precisamente los asociados con el despilfarro, o bien el sobrecoste, definido como gasto público excesivo o innecesario para la prestación de los servicios sociales, en todas las instancias administrativas donde ocurra.
Las cifras del despilfarro son un auténtico escándalo. En el nuevo informe de UPyD, se cuantifica el mismo en el último cuatrienio (2008, 2009, 2010 y 2011). En total, nos podríamos haber ahorrado 72 mil millones de euros, o más del 7 por ciento del PIB, de haber seguido prácticas más eficientes en las CCAA.
Es decir, en los últimos cuatro años nos podríamos haber ahorrado más del doble del esfuerzo que ahora se nos pide como un ajuste imprescindible. Lo podríamos haber logrado si las Comunidades Autónomas hubiesen seguido las prácticas más eficientes y sin menoscabar los servicios a los ciudadanos. La nefasta costumbre de no aprender de las mejores prácticas entre las Comunidades Autónomas más eficientes (en términos per cáptia las más eficientes son Madrid, Valencia, y Baleares), ha llevado a incrementar el sobrecoste total anual en un 32 por ciento desde el año 2008 al 2011, aunque se detecta un ligero descenso en el año 2011.
En términos absolutos, Cataluña destaca como la autonomía donde se concentra la mayor cantidad de despilfarro o bien gasto público excesivo e innecesario en España, seguido por el País Vasco y Andalucía. A distancia de estos campeones del despilfarro, se encuentra la Comunidad de Madrid que también ha incurrido en un importante sobrecoste de 1.712 millones de euros durante el mismo periodo.
La conclusión es meridionalmente clara. El primer paso que se tiene que dar para sacar a España del atolladero económico en que se encuentra, el ajuste que a todas luces es prioritario, es racionalizar el gasto autonómico. En las CCAA donde el porcentaje del presupuesto es menor para la sanidad y la educación se asocia con mayor despilfarro. Precisamente son las CCAA, como Cataluña y Andalucía, con mayor sobrecoste, donde la educación y la sanidad representan un porcentaje menor del presupuesto. Evidentemente, cuando hay más gasto innecesario y superfluo, hay menos presupuesto para las prestaciones sociales que más importan a la ciudadanía.
Por último, si bien el control del déficit público es básico y necesario, también es necesario el control sobre el gasto público. Quienes confían en que la mera existencia de un tope para el déficit público sea suficiente para poner término al despilfarro autonómico se equivocan. Hace unos pocos años España contaba con superávit en todas sus cuentas públicas y, sin embargo, en esas fechas, se fueron introduciendo todos los gastos superfluos e innecesarios, lo que aquí se llama sobrecoste. Confiar sólo en topes para el déficit público es no querer ver que el gasto ineficiente, el sobrecoste, siempre quita prestaciones a la ciudadanía. Cuando el sobrecoste es elevado, incluso en situación de equilibrio presupuestario, el pagano somos todos nosotros pues se reduce lo que se nos podría estar dando en educación, en sanidad y en inversiones públicas eficientes y productivas. Por lo tanto, velemos por el déficit público, por supuesto, pero también en qué nos gastan nuestro dinero. Si Europa se lo puede exigir a España, nosotros, también se lo podemos pedir a las CCAA, avalados en este caso por la Constitución Española que da enormes facultades de coordinación y control al Gobierno que las quiera ejercer.
El Sr. De Piniés es economista, asesor de UPyD.