La amnistía fiscal que ha aprobado el Gobierno para aflorar unos 25.000 millones de euros excluirá a los contribuyentes a los que Hacienda ya haya notificado el inicio de actuaciones para investigar sus cuentas, según publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, anunció después del Consejo de Ministros de este viernes esta medida "excepcional" para este año.
En concreto, la amnistía fiscal se aplicará para el capital que retorne a España o que esté oculto dentro del país, que sólo tendrá que pagar un "gravamen especial" del 8% o el 10%, quedando así exonerado de cualquier penalización o sanción, y por la que el Gobierno espera recaudar 2.500 millones de euros.
Según especifica el real decreto ley publicado en el BOE, los contribuyentes que así lo deseen y afloren el capital oculto quedarán regularizados a cambio de pagar este gravamen especial, con lo que se les exoneraría de su responsabilidad penal derivada de un delito contra la Hacienda Pública.
La amnistía fija un gravamen específico del 8% para los dividendos o participaciones en beneficios de fuente extranjera derivados de la misma fuente que se repatríen hasta el 31 de diciembre de 2012.
Ajuste de 27.300 millones
Este decreto acompaña a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2012, que contemplan un ajuste global de 27.300 con el que el Ejecutivo pretende reducir el déficit público desde el 8,5% de 2011 al 5,3% al final del año, tal y como se ha pactado con Bruselas.
De ese recorte de 27.300 millones, unos 17.800 corresponden al Estado. La totalidad del ajuste se alcanzarán a través del incremento de ingresos y la reducción del gasto.
De hecho, el ajuste supone recortar en 2,5 puntos el déficit público. Casi un punto, el 0,8, procederá del incremento de los ingresos, mientras que el resto, 1,7 puntos, se conseguirá a través de los ajustes de gastos, excluidas las partidas comprometidas.
El gasto total del Presupuesto caerá un 9,6% este año, hasta los 122.083 millones. Este descenso se concretará en una bajada del gasto de los ministerios del 16,9%, hasta los 65.803 millones, lo que, según el Gobierno, permite mantener el sueldo de los funcionarios y las prestaciones básicas (pensiones y seguro de desempleo).